Por Jans Erik Cavero Cárdenas*
 
Tres consejeros regionales de Ayacucho están en serios aprietos. Desde la elección como consejeros vienen laborando en el gobierno regional como trabajadores de la administración, vulnerando abiertamente el artículo 17 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que prevé: “Los consejeros no pueden ejercer cargos en el gobierno regional, salvo que hayan sido elegidos siendo trabajadores, en cuyo caso gozarán de licencia durante el tiempo que dure el cargo”.
 

Se trata de una prohibición legal cuyo propósito es cautelar, por un lado, el principio de separación de poderes, y, por el otro, garantizar que los consejeros regionales ejerzan su función de fiscalización sin ser juez y parte a la vez. El mensaje de la norma resulta inequívoca: En un mismo gobierno regional no se puede ser, a la vez, legislador y trabajador del gobierno. Sin embargo, algunos consejeros vienen trabajando en áreas como  la Gerencia de Desarrollo Social, Dirección Regional Agraria, Dirección Regional de Salud. El caso de un cuarto consejero, representante de la Provincia de Vilcashuamán, también debe revisarse.
 
Las licencias de 80 horas mensuales que hubieran pedido son nulas, pues ellas sólo proceden cuando el centro de trabajo del consejero es distinto al gobierno del cual es legislador. Lo peor de todo es que uno de los consejeros habría gozado de viáticos como trabajador y viáticos como legislador, siendo lo más grave su participación en una Sesión de Consejo, aprobando la modificación del CAP y Cuadro Nominativo de Personal de la Dirección Regional donde trabaja, por la que habría traído su plaza de origen, ubicada en provincia, a la sede central de la citada dirección.
 
Si se parte de la hipótesis que el Presidente Regional ha comprado el voto de los consejeros, a cambio de poder de decisión gubernamental en sus respectivas provincias,  se entiende porqué un Consejo Regional de 13 miembros, en el que 8 son del partido opositor al gobierno, le sigue el coro al presidente. El siguiente ejemplo confirmaría la hipótesis de que son manipulados. Se trata de la Sesión de Consejo del 08 de agosto de 2012, en el que se puso a debate el Dictamen 012-2012-GRA/CR/CPPATPG sobre el convenio del gobierno regional con el Organismo Internacional de Migraciones (OIM).
 
Fue el consejero Rosauro Gamboa quien intervino inicialmente para convencer al Consejo sobre las supuestas bondades que supondría un Convenio por Encargo entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la OIM. Paradójicamente, el consejero se esmeró por subrayar el papel del organismo internacional como gestor de políticas migratorias y no así como gestor de licitaciones y contrataciones públicas. Víctor Torres, representante de OIM, puso de manifiesto la aparente capacidad de su representada para desarrollar infraestructuras en todo el país. Hizo gala de 14 hospitales en todo el país y de obras encargadas por la Municipalidad de Lima, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, etc., pero no dijo nada sobre las presuntas irregularidades, sobre todo en el caso de Lima, durante la gestión de Castañeda Lossio.
 
Sólo Rosauro Gamboa, Víctor De la Cruz, Sixto Ibarra y Johan Rojas, votaron a favor del convenio marco. Votaron en contra: Ida Fernández, Faustino Rimachi, Otto Castro, María Cuadros, Walter Quintero, Zoila Bellido.  Se abstuvieron Víctor Curi y Eladio Huamaní. Por lo tanto,  el Dictamen 012-2012-GRA/CR/CPPATPG fue rechazado. 4 meses después de tal oposición a la OIM, el Consejo Regional en nueva sesión aprobó el convenio con el susodicho organismo internacional para licitar más de 300 millones de soles. ¿Qué pasó?, ¿algún incentivo fue puesto sobre el tapete?, ¿los consejeros de pronto se iluminaron?, ¿por qué en agosto le dijeron No a la OIM, y en diciembre le dijeron SÍ, encargándole la construcción del hospital regional?
 
Recordemos algunos argumentos esbozados en la sesión de agosto: Zoila Bellido no encontró ventaja en que la OIM maneje las licitaciones, sugiriendo que los procesos se lleven tal cual fueron realizados. Para esta consejera, en agosto no había ventaja, en diciembre sí, ¿alguien la entiende? María Cuadros hizo una pregunta al representante de OIM, la misma que fue absuelta sin convencerla y que por ello votó en contra. En diciembre, esta otra consejera descubrió las bondades del convenio. Ida Fernández dijo que el tema estaba totalmente claro y votó en contra; sin embargo, 4 meses después el tema seguía tan claro que votó a favor. Para Eladio Huamaní el tema no fue claro y por ello se abstuvo. El tema se aclaró 120 días después y por eso en diciembre votó a favor. Víctor Curi, algo más cauto,  solicitó una evaluación más profunda del tema. Al parecer, 4 meses después quedó convencido.
 
El único consejero que se opuso al dictamen fue Rimachi, quien votó en contra del convenio con la OIM tanto en agosto como en diciembre. Los demás consejeros permanecieron mudos aquél 8 de agosto del 2012. Esta es la triste historia de algo que ya se venía venir y que demuestra la absoluta incoherencia de un Consejo Regional sumido en la más profunda mediocridad. Lo sugerente de aquella sesión fue la siguiente frase del Consejero Rosauro Gamboa: “Hay consejeros que no apuestan por la región. Todo lo hacen en beneficio personal” .

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