Por Esteban Poole Fuller (*)
Los padres de la patria (mejor conocidos como los otorongos) han aprobado, en comisión permanente y a puerta cerrada, aumentar de 7500 a 15000 soles sus gastos de representación. Con ello sus ingresos mensuales se elevan a 30834 soles. De ahora en adelante, mientras ejerza sus funciones, un congresista ganará más que el presidente de la corte suprema, un ministro y el propio presidente de la república. Lejanos parecen los tiempos en que la labor congresal se ejercía gratuitamente.
De hecho, a mi modesto entender, los congresistas no deberían recibir salario alguno. Tan sólo debería pagárseles una dieta por cada sesión a la que asistan (lo que atajaría efectivamente el ausentismo en los debates) y sus gastos de representación deberían reducirse a viáticos por viajes (siempre en ejercicio de funciones) de los que deberían rendir cuentas. Los ingresos percibidos no deben ser en ningún caso abundantes, pues la participación política no es un medio legítimo para enriquecerse. Algunos objetarán que de este modo se excluiría a los aspirantes de menores ingresos. Frente a ello hay que señalar que la extendida práctica de comprar las candidaturas ya es de por sí mucho más excluyente. Por otra parte, de existir una real organización política y social sosteniendo al parlamentario, éste podría cubrir los costos de su representación, tal como un sindicato sostiene a sus dirigentes.
Pese a lo anterior, no considero intrínsecamente negativo que haya funcionarios públicos con sueldos bastante elevados. De hecho, ello podría fortalecer al Estado, incentivando a profesionales altamente calificados a dedicarse a la función pública en vez de ser reclutados por grandes empresas. La existencia de élites en el Estado puede ser positiva en tanto su labor contribuya al bien común.
El problema es que nuestros parlamentarios están muy lejos de ser dicha élite esclarecida. De hecho, han dado claras muestras de inoperancia durante esta legislatura, expresada en su incapacidad de concretar hasta el momento la elección del Defensor del Pueblo, los nuevos magistrados del TC y directores del BCR. Muchos de ellos, además, están denunciados por actividades delictivas (minería informal, proxenetismo, venta clandestina de señales de cable) y han protegido celosamente su inmunidad parlamentaria.
En cuanto a su procedencia social, nuestros congresistas no pertenecen a la clase de los notables (a la manera de muchos parlamentarios chilenos), sin ser por ello verdaderos dirigentes populares (como sus pares bolivianos). Muchas veces se trata de sujetos de oscuros orígenes que han protagonizado una vertiginosa ascensión social (muchas veces al filo de la informalidad y las actividades delictivas), la cual buscan consolidar comprando un escaño en el congreso. Esto es posible dado el débil sistema de partidos que no tiende a formar cuadros parlamentarios sino que subasta candidaturas a caciques dispuestos a financiar sus campañas (tanto el fujimorismo como el oficialismo participan de esta práctica), un mal que es agravado por el voto preferencial, que fomenta el individualismo en las candidaturas. Quienes entran al congreso tienen una concepción patrimonialista del cargo: básicamente esperan promover sus intereses empresariales, favorecer a allegados y blindarse de denuncias. Hay que añadir que nuestros parlamentarios no son siquiera políticos experimentados: tres de cada cuatro congresistas no se reelige.
Sujetos de dichas características han de ser generalmente presas fáciles de lobistas con turbios intereses. De aquella clase política difícilmente puede esperarse que surjan reformas que eleven la calidad de la representación parlamentaria como la supresión del voto preferencial o la composición bicameral del congreso. Sería atentar contra sus intereses como grupo social.
La aprobación del congreso apenas llega al 30% (según encuestas anteriores a este escándalo). Desde hace tiempo el congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país. La mayoría lo considera inoperante y poco representativo, por no agregar corrupto. Muchos no llegan a percibir que se trata de una institución fundamental para la democracia representativa y hay una mayoría que en estas circunstancias incluso respalda su disolución. Esto es peligroso, pues podría estar gestándose un claro respaldo a posiciones autoritarias. Ya tenemos el precedente de Fujimori, quien llevó a cabo su Autogolpe, con abrumador respaldo para más adelante cambiar de Constitución e implantar un régimen sólo democrático en el papel.
Por lo demás, un gobierno que pregona a los cuatro vientos la inclusión social y cuya bancada apoya un aumento que ofende a los menos favorecidos se contradice groseramente. En este sentido ha sido rescatable el rechazo a percibir el aumento de los parlamentarios opositores del Frente Amplio. Un político genuinamente progresista no puede ejercer su cargo de representante como un privilegio ni contribuir a ahondar la desigualdad socioeconómica entre representantes y representados. En realidad, cualquier político serio, de cualquier tendencia, que viva para la política y no viva de la política deploraría que el escaño se ejerza con fines de lucro.
En suma, este aumentazo es un grave desatino. Sólo habría sido razonable de haberse producido paralelamente a un aumento generalizado de salarios tanto para los altos funcionarios, como para los empleados públicos de base como los maestros, en el marco de la instauración de un Servicio Civil. Este no ha sido el caso, sólo ha sido una expresión burda de codicia desconectada de cualquier necesidad real.
Lo que encuentro como positivo en cualquier caso es que la ciudadanía está reaccionando. La gente está saliendo a las calles a lo largo del país para protestar. Quizás al fin esté llegando la hora de que surjan indignados también en nuestro suelo. Esperemos que la sociedad civil peruana ya esté lo bastante madura para empezar a reclamar por algo más que por intereses inmediatos y a exigir más y mejor democracia. Reclamos como éste no se negocian de la manera clientelista que acostumbran nuestros políticos, pues tienen que ver con principios. Si la movilización consigue hacerles dar marcha atrás con el aumentazo se habrá dado un importante paso adelante. Como en el 2000, el éxito de estas luchas será un signo muy alentador para dinamizar esta democracia de baja intensidad. Esperemos pues, que nuestra indignación empiece a rendir frutos.
(*) Nacido en Lima en 1988. Estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado como dramaturgo en el Centro de Formación Teatral Aranwa, en el 2009. Es integrante del colectivo literario Suicidas y del Equipo de Derecho Constitucional de la PUCP. En el 2007 recibió el segundo premio en la categoría de cuento del V Concurso Bienal de Estudios Generales Letras. En el 2009 obtuvo el primer premio en el concurso de ensayos convocado por la embajada de la República Dominicana en el Perú por el centenario del nacimiento del escritor y político dominicano Juan Bosch. Obtuvo el tercer premio en los XIX Juegos Florales de la Universidad Ricardo Palma en el 2009. En el 2012 ha sido galardonado con el segundo premio en el Concurso de Investigación Jurídica sobre Responsabilidad Social Universitaria de la PUCP. Ha sido publicado en la Antología de creación literaria de Estudios Generales Letras 2007 (2009) y en las antologías de poesía Suicidas sub 21 (2008,2009) y Eros & Tánatos (2012). Ha publicado artículos en los blogs El estándar social (2007-2008), Enfoque Derecho (2010-2011), Haraviku y Detrás de la cortina (2012)
