Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 4 fue promulgada la Ley 29976 que crea la Comisión de Alto nivel Anticorrupción, según sus considerandos, para “articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país”. Aunque el presidente Ollanta Humala haya resaltado la importancia de su creación, y la coordinadora general de esta Comisión, Susana Silva, manifieste que esta ley “marca un hito en la lucha contra este flagelo”, su contenido es prácticamente un calco del derogado Decreto Supremo 016-2010-PCM que en enero de 2010 creó esta misma Comisión y que a la fecha no ha tenido logros que exhibir.
Muchas comisiones anticorrupción pero pocos logros que exhibir
Esta normativa que da rango de ley a dicha Comisión, tiene el mismo objetivo, funciones y similar conformación de integrantes, sin embargo, aumenta entre sus miembros al Presidente del Congreso, pero elimina, sin razón justificada, al Defensor del Pueblo, al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y al Director Ejecutivo del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), a quienes considera, conjuntamente con otras instituciones, solo como participantes con voz pero sin voto.
Esta es otra de las tantas iniciativas anticorrupción que podrían seguir la lista de aquellas creadas anteriormente con pésimos resultados, como la Iniciativa Nacional de Lucha contra la Corrupción (gobierno de transición); Consejo Nacional Anticorrupción (gobierno de Toledo); Oficina Nacional Anticorrupción –que no operó ni 10 meses– y Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (gobierno de García).
Pero además, han proliferado iniciativas aisladas anticorrupción como comisiones, convenios de cooperación interinstitucionales, unidades de inteligencia, códigos, campañas, cruzadas y marchas, observatorios de delitos, subsistemas judiciales, entre otras, pero la corrupción sigue instalada y subyace con todo rigor en las estructuras del país.
El Contralor General de la República, Fuad Khoury, en diciembre pasado advirtió sobre la existencia de “una larga lista” de casos de corrupción de funcionarios públicos que revelaría por internet a partir de este mes de enero. Esperamos que el Contralor cumpla con este trascendente anuncio.
Bajo este panorama, la corrupción es uno de los problemas más graves a enfrentar en nuestro país, pero no basta crear comisiones anticorrupción ni realizar esfuerzos aislados, se requiere principalmente mejorar la institucionalidad; incrementar la eficiencia en los mecanismos de control de gestión y de sanción; eliminar el irrespeto público a la ley y el mal uso del poder e impunidad reinante; además, debe implementarse la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, seguirse una rigurosa transparencia pública, fomentar la ética pública y mejorar la educación de la población sobre derechos y obligaciones ciudadanos.
Expreso, Lima 12-01-2013
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