Por Raúl Allain (*)
Mediante un inminente hecho —atentatorio contra la autonomía universitaria— que puede considerarse de dimensiones históricas, para las universidades tanto públicas como privadas, representadas por más de setenta rectores, concordaron mediante un documento amparar la autoridad de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). El poder de injerencia, como manifiestan los representantes universitarios, cobra particularmente dignidad. Además los rectores involucrados expresaron su rechazo hacia la Superintendencia de Educación Universitaria (SUNEU) por el hecho de que no se cumpliese con un debate riguroso en relación a la reforma de la Ley Universitaria.
En el pleno que tuvo como sede a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), los participantes demostraron en su discurso una imperante necesidad de realizar una nueva ley. Sin embargo, se criticó a la que actualmente se elabora; es decir, los planes operativos que se encuentran ejecutando no resultan adecuados por la Comisión de Educación del Parlamento.
La vigente Ley Universitaria cumple con un rol desfasado, pues no se ajusta a las necesidades de las problemáticas universitarias, en consecuencia, del país. Debemos entender que son, en gran medida, los estudiantes quienes muestran su rechazo por las injusticias que se cometerían. Se pone de manifiesto que esta ley actuaría en desmedro de la autonomía universitaria a causa de la creación de la SUNEU, siendo acusado Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, de no entender sus alcances, parámetros sociales. A causa de esta injerencia que permite el ingreso del Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo, que representa al Estado, en estas condiciones no debiera participar, pues el rechazo puede crear condiciones para la protesta por parte de rectores, catedráticos y estudiantes. De estos últimos encontramos sin duda más actividad participativa. Esta ley conllevaría a una participación social que arrastraría estos conceptos respecto de futuros gobiernos, estableciéndose, manifestándose así rechazo y repulsión. Daniel Mora, refiriéndose a la Superintendencia, aseguró que la propuesta en la nueva ley no se involucraría en la función académica.
Necesitamos un tipo de cambio social que intente resolver, a través de cambios a bajo nivel, los conflictos que se dan en la estructura básica de la sociedad y entre los diferentes grupos que la componen. Una reforma social adecuada pretenderá un cambio de los valores de los que dominan y de las instituciones existentes, es decir, una modificación de determinadas relaciones y estructuras de poder.
La reforma variaría según sea el grado de integración institucional de la sociedad en cuestión, así como de la existencia de su sistema cultural y de la suficiencia de los sistemas de poder para satisfacer las necesidades y demandas de los actores sociales. Se distinguen de la revolución social por los comprendidos en su sistema de ideas y creencias, por la rapidez en que se utilizan para ello; aunque lo que define la diferencia entre estas dos formas de cambio social es la interacción entre el método que se usa y las actitudes de los que ostentan el poder.
(*) Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y codirector del sello independiente Río Negro.
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25-7-2013
