Por Desco
El gobierno ha iniciado el diálogo con distintos partidos políticos, tras vencer las resistencias iniciales de algunos de ellos, al enterarse que el mismo se realizará con el Presidente del Consejo de Ministros y no con el Presidente Humala y el Ministro de Economía y Finanzas, es decir con el poder real. La iniciativa gubernamental, aunque llamativa por provenir de una gestión que ha demostrado a lo largo de dos años poco interés por mantener relaciones con los principales actores políticos y sociales, resulta comprensible por las dificultades que enfrenta en un escenario difícil, en el que cotidianamente evidencia su impericia.
La aprobación presidencial, que ya había perdido 21 puntos porcentuales entre marzo y julio de este año, ubicándose en 39% según GfK Conecta, se vio nuevamente afectada por la confesión del mandatario y de su Ministro estelar, de la llegada de las «vacas flacas», terminando con el mito del «blindaje» nacional frente a la crisis internacional. La dramática disminución del canon, en este escenario, además de evidenciar groseros errores de cálculo de los técnicos y autoridades de Economía y Finanzas, puede terminar enfrentando innecesariamente al Presidente con las autoridades subnacionales, ya incómodas por la parálisis de la descentralización a pesar de sus esfuerzos en contrario.
Por su parte, la desconfianza empresarial en el gobierno, es claro que se mantendrá buscando siempre mayores y mejores condiciones para su inversión, aunque se agrava por la falta de velocidad en el gasto público, no obstante las medidas de mayo pasado y la decisión gubernamental de acelerar los grandes proyectos de infraestructura pública. En este escenario, los réditos al golpe infringido en el VRAEM a las huestes de los hermanos Quispe Palomino, se diluyeron rápidamente. El diálogo, en consecuencia, aparecía como un imperativo para un gobierno con su aprobación en caída libre, fuertemente aislado de los distintos sectores sociales y autista en materia política.
La iniciativa gubernamental se produce cuando distintos actores han empezado a demandar una interlocución directa con el gobierno. En las últimas semanas, las asociaciones de gobiernos descentralizados se pronunciaron pidiendo el diálogo indispensable que se requiere para relanzar la descentralización y para enfrentar la situación generada por la disminución de los recursos provenientes de la minería. La CONFIEP difundió un pronunciamiento, llamando a redoblar el esfuerzo público y privado por el desarrollo del país, mientras la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) hizo público que las autoridades regionales le habían pedido cita al Presidente Humala.
En este contexto, en el que distintos actores demandaban dialogar con el gobierno, sorprende que éste haya optado por hacerlo inicialmente con los partidos políticos, dejando, por el momento sin respuesta, a los demandantes. Sorprende porque la opinión pública, de acuerdo a la citada encuesta de GfK Conecta, cree que el mandatario debe escuchar a la población (39%) y a los presidentes regionales (31%). Sin desconocer la importancia teórica de los partidos, es curioso que sean los primeros convocados en un contexto en el que su capacidad de representar se encuentra en su peor momento y sus principales líderes —Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fijimori— aparecen severamente cuestionados ante la opinión pública.
Por lo demás, un diálogo sin agenda y sin objetivos claros, carece de intensidad. En ese camino, el riesgo que corre la democracia es el desgaste de una de sus condiciones y mecanismos fundamentales; el del gobierno, es el de continuar en su aislamiento y en su sordera, convencido de lo contrario. Como le ha ocurrido con el supuesto «blindaje» de nuestra economía.
