Por Jans Erik Cavero Cárdenas
Alejandro Toledo y Alan García, ex Presidentes de la República, son investigados por el Parlamento y el Ministerio Público. Si hay indicios razonables de la comisión de delitos, ambos deben ser sancionados con todo el peso de la ley. El precedente sería aleccionador: A los exaltos funcionarios corruptos también les corresponde la cárcel y la inhabilitación para ejercer cargo o función pública.
Ambas investigaciones, sin embargo, desnudarían un sesgo y una diferencia de trato que confirmaría la “simpatía” del Fiscal de la Nación por el APRA. Con Toledo, observo a un Peláez proactivo, dinámico, ágil, colaborador con otras instancias; con García, en cambio, estoy frente a un fiscal pasivo, desmotivado, timorato, nada colaborador, como si su intención fuera archivar el caso, tan igual como archivó casos en los que estuvieron comprendidos ex ministros del régimen aprista.
Peláez ha dicho que no es militante aprista. Esta afirmación, no obstante, es una verdad de Perogrullo —pues el ejercicio de la carrera fiscal supone la prohibición de militancia partidaria— e ignora la diferencia entre militancia, simpatía, y vinculación con una determinada organización política. Estoy convencido de que César Vega Vega, Vocal Superior, no es militante aprista, pero ¿alguien podría negar su afecto por el APRA? Lo mismo cabría sostener respecto a Carlos Mesía, magistrado del Tribunal Constitucional.
Sergio Tejada, Presidente de la Megacomisión, ha emplazado a Peláez, recordándole su nula vocación de colaboración con la comisión investigadora de la gestión de Alan García. En efecto, el 11 de junio de 2013, por acuerdo de la comisión, se le cursó una invitación para concretar coordinaciones institucionales que optimicen el trabajo de investigación encomendado por el Pleno del Congreso.
La respuesta de Peláez fue contundente. Rechazó la invitación de la Megacomisión calificándola de inoportuna. Según Peláez, ensayando una nueva teoría sobre la separación de poderes, la citación constituía una intromisión del Parlamento en el Ministerio Público. Sin embargo, ante la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso acudió raudamente. ¿Por qué?, ¿dónde quedó su separación de poderes?, ¿será porque quien preside Fiscalización es Solidaridad Nacional?, ¿será porque el investigado es Toledo?
Desde mi perspectiva, Peláez “inventó” un nuevo dogma de la separación de poderes para no colaborar con la comisión investigadora. La Megacomisión tenía un objetivo central con la reunión programada: Coordinar acciones conjuntas para llevar adelante investigaciones eficaces; coordinar actuaciones procedimentales para la remisión del acervo documental que obra en poder de la comisión; entre otros temas.
Peláez debería saber que se aperturó investigación fiscal sobre colegios emblemáticos para determinar la presunta colusión entre empresas ejecutoras de obras y malos funcionarios del inefable José Antonio Chang Escobedo. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? El archivo del caso. Esta situación generó preocupación porque fiscalía no contó con el Informe de los Colegios Emblemáticos. Me pregunto: ¿en base a qué resolvió la fiscalía? Probablemente en base a las declaraciones testimoniales de empresarios como Mont Ling, propietario de la Empresa DH Mont, ex jefes de OINFE, etc.
Sostengo la hipótesis de que la táctica de abrir investigación fiscal sin contar con elementos que evidencien indicios de responsabilidad persigue un objetivo: El archivo del caso. ¿Por qué fiscalía no esperó que el informe sea aprobado por el Pleno del Congreso y actuar una vez recibido el acervo documental? Con el archivo del caso, si más adelante alguien denuncia nuevamente o propone investigar hechos vinculados, los implicados apelarán al principio non bis in ídem para eludir investigación alguna, aun cuando este principio encuentra sustento en sede judicial.
Por todas estas razones, creo que estamos ante la concreción de la célebre frase “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.
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