Por Raúl Wiener
Ya no es fácil dirimir si era peor un Tribunal Constitucional de repartija o uno en eterno estado de salida que parece haberse dispuesto a resolver temas de interés directo de sus integrantes, los que, dentro de un tiempo, pasarán a ser ciudadanos comunes y corrientes.
Antes fue el asunto de los bonos agrarios, detrás de los cuales están un banco peruano y algunos fondos financieros internacionales, y el papel cumplido por el presidente del TC (exfuncionario del banco) y dos magistrados que, contra viento y marea, y más allá de lo permitido por la Ley y el reglamento, sacaron por dirimencia un acuerdo que fija plazos y condiciones al Estado para hacer el pago.
Ahora, una mayoría de cuatro, donde resaltan las filiaciones o cercanías apristas de varios de ellos, ha votado por cambiar la opinión judicial ya establecida, para dictaminar que la matanza de los penales de 1986, y en particular los acontecimientos de El Frontón, no constituirían delito de lesa humanidad y serían por tanto prescriptibles, contradiciendo además abiertamente la posición de la Corte de Derechos Humanos de San José.
Tal vez lo más curioso sea que dos de los impulsores más tenaces de la sentencia sobre los bonos, han actuado ahora oponiéndose al nuevo fallo que representa un espaldarazo político a Alan García, que ya había sido sacado del proceso, pero que debe estar celebrando que el caso se vaya a archivar, demostrando que en el Perú se puede matar a 300 y todo permanece igual.
Los magistrados que impidieron que la resolución sobre los bonos tuviera mayoría clara, y que entre otras cosas exigían que se reservara la resolución para sus reemplazantes por la delicadeza del asunto, se olvidaron de esas aprehensiones para forzar una sentencia que va a representar una nueva vergüenza internacional.
En conclusión, no hay una instancia constitucional en la que se pueda confiar que sus decisiones serán estrictamente jurídicas y constitucionales y que no serán penetradas por las necesidades de la economía y la política.
Oficialmente el TC ha definido que no hubo plan detrás de los hechos de junio de 1986, que no hubo matanza sino enfrentamiento, que no hubo desproporción en el uso de la fuerza, y ha ignorado los testimonios que indican que se fusiló a una parte de los rendidos.
Estos puntos los ampliaremos en esta columna mañana. Pero dejemos planteado lo esencial que es que el TC ya no solo se pretende intérprete infalible de la constitucionalidad, ya no solo legisla señalando el contenido que deben de tener las normas observadas, ya no solo le da plazos y procedimiento al Ejecutivo, sino que también revisa la historia y pretende decirle al país que se horrorizó con el bombardeo, la demolición y la masacre de prisioneros, que el gobierno que hizo eso lo hizo dentro de la ley.
La Primera, 05.09.2013
