Por Jans Erik Cavero Cárdenas
En una visita a Tarapoto una nota periodística me llamó la atención: “Aurelio Pastor sería candidato a la Presidencia Regional de San Martín”. Según algunos ciudadanos de la zona, se trata de un pasquín local que opera políticamente para el APRA, y que continúa siendo la tribuna de Pastor Valdivieso para estar vigente políticamente, a pesar de las serias investigaciones que tiene contra él por presuntos actos de corrupción.
Pero don Aurelio no sólo tiene prensa en Tarapoto, sino también en Lima. Desde hace un tiempo – con los Agois antes y hoy con los Miró Quesada – publica artículos que tiene un objetivo político evidente: Atacar a la Megacomisión, buscando su descrédito, para decir que es inocente de las narcoconmutaciones gestionadas cuando fue ministro.
En su columna periodística, refiriéndose a BTR, Pastor señala literalmente: “Los citados han sido llamados a ciegas”. Lo que no dice es que fue citado 3 veces, y que la comisión investigadora fue tan condescendiente que aceptó suspender una sesión, a su pedido, para reprogramarla en fecha posterior. El discurso de Pastor, Nava, Chinguel, y toda la cúpula partidista, fue una presunta afectación al debido proceso, según los parámetros de un Tribunal Constitucional prevaricador y a la medida.
Si en las citaciones de la comisión los investigados distorsionaron el concepto de “debido proceso”, con el informe BTR pretenderán sorprender distorsionando lo que es “cosa juzgada” y la aplicación del principio “non bis in idem”. Y es que no existe pronunciamiento judicial sobre la existencia de presión política para manipular o desaparecer pruebas vinculadas a BTR. Lo que hubo fue una sentencia judicial por chuponeo en contra de quienes podrían dar fe de los audios que contendrían groseros faenones.
Así como el APRA ofreció al gobierno sus mejores “cuadros” para, según ellos, salvar al Perú de la crisis económica e institucional, debería ofrecer cátedra de Derecho a todos sus investigados para evitar hacer el ridículo. Pastor finaliza su columna expresando: “(…) pronto la historia y el pueblo juzgarán”. Para la historia y el pueblo está claro que el gobierno aprista tiene responsabilidad penal y política por el otorgamiento de indultos y conmutaciones de pena. Quien debe esperar el juzgamiento del Poder Judicial es Pastor.
Si éste no está preso es porque la constitución fujimorista dilata el proceso con la prerrogativa del antejuicio. Esto quiere decir que primero debe intervenir el Congreso y acusarlo constitucionalmente. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formulará la denuncia respectiva ante la Corte Suprema. Al haber sido ministro hasta el año 2010, la prerrogativa le alcanza hasta el 2015. Si Facundo Chinguel hubiera sido ministro, no estaría preso en estos momentos.
La Megacomisión no podría, en principio, denunciar constitucionalmente a Pastor hasta que el informe de investigación sea aprobado por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ¿por qué Peláez Bardales no presenta la denuncia constitucional?, ¿acaso el Estado no ha sido agraviado por los narcoindultos?, ¿se trataría de un nuevo blindaje? Si hay voluntad de luchar contra la corrupción, el Fiscal de la Nación debe denunciar constitucionalmente a Pastor y dejar la pelota en el campo del Parlamento.
Sobre el otorgamiento de indultos existe investigación preliminar contra Pastor, quien también fue denunciado por la ex Alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, por haber cometido presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias. Finalmente, existe otra denuncia por haber revelado, a juicio de la Procuraduría Anticorrupción, la identidad de un supuesto colaborador eficaz en el caso de los indultos.
Con estos antecedentes, ¿quién le otorgaría representación política?, ¿la Región San Martín? Pastor debería lanzar su candidatura a Lurigancho.
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