Por César Lévano
La ira del doctor García se debe a que el Procurador Anticorrupción Julio Arbizu y la Megacomisión creen que en ese caso se debe investigar a García, Jorge del Castillo y la exFiscal de la Nación Gladys Echaíz.
“Por atacarme a mí”, exclama García, “quieren destruir a una mujer profesional y honesta que prestigia jurídicamente al Perú”.
En realidad, quien daña la honra de la exFiscal es el exmandatario. Fue él quien ordenó a la doctora Echaíz, así como al entonces ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz, que allanaran un local del servicio de inteligencia de la Marina. Flores-Aráoz ha reconocido que esto ocurrió.
La doctora Echaíz ha negado que el expresidente le pidiera, por teléfono, el allanamiento de una oficina de Business Track, la de los petroaudios. Dice la doctora que fue ella quien llamó por teléfono a García después de que un juez le negara el ingreso al local del caso; pero afirma que el diálogo no se refirió al allanamiento. Por eso mismo, porque hay controversia, es legítimo incluirla en la indagación sobre el escándalo.
Esa intrusión en la investigación judicial no solo era ilegal, sino que perseguía sin duda ocultar pruebas que hubieran servido para establecer culpas de García, Del Castillo y asociados. Una información pública indicó que Del Castillo, en esa época presidente del Consejo de Ministros, esperaba hacerse de una fortuna en un negociado petrolero. En aquel tiempo era un secreto a voces que Del Castillo soñaba con la presidencia de la República.
Hay que precisar que eso de ordenar allanamientos o impedirlos es vieja costumbre de los políticos con poder del Perú.
Lo grave es que debido a la metida de mano de los doctores Echaíz y Flores-Aráoz algunos elementos de juicio fueron incautados y desaparecidos. Si la doctora Echaíz es esa joya de la juridicidad que elogia García, no debió acatar la orden de este. Si lo hizo, merece, con todo respeto, que se la incluya en la investigación, entre otras cosas para que aclare si sabe dónde están las pruebas que García y Del Castillo querían eliminar y que por el momento están desaparecidas.
Existe en el Perú la convicción mayoritaria de que el régimen de García, y algunos más, se asienta en la corrupción, la coima y el abuso del poder.
La Primera, 13.09.2013