Por Guillermo Olivera Díaz*
Por lo que se sabe, en el caso BTR y ahora tema que aborda la Megacomisión, la encargada Fiscal Provincial que fue a allanar e incautar los posibles cuerpos del delito en un establecimiento de la Marina tuvo la negativa fundamentada de un juez penal para realizar tales diligencias. Se le pidió por escrito de la fiscalía competente y del mismo modo fue la negativa judicial.
¿Existía Investigación Preliminar abierta, decidida por la fiscalía provincial, de que trata el Decreto Legislativo 989, de 21-7-2007, que modifica la Ley N.° 27934 de 12-2-2003?
En tal coyuntura interviene la entonces Fiscal de la Nación, Gladyz Echaíz Rojas, quien no tenía a cargo el asunto, ni era competente por su jerarquía para el diligenciamiento de un caso concreto, cuya Investigación Preliminar estaba al cuidado de una Fiscalía Provincial Penal, llama por teléfono al entonces presidente Alan García, quien ordena ipso facto a su ministro de defensa, Antero Flórez Aráoz, a fin de que preste las facilidades para el ingreso de un número considerable de policías y una sola representante del Ministerio Público, lo que permite el negado ingreso al local a practicar las incautaciones de adminículos electrónicos cuya desaparición y manoseo es objeto de múltiples cuestionamientos.
¡Lo que el juez penal denegó una modesta fiscal provincial lo pudo realizar, con ayuda de la Fiscal de la Nación y del comedido presidente del país! ¿Eran competentes estos últimos en un caso real de investigación del delito?
Este tipo de "allanamiento" facilitado a la escena y lugar del delito e incautación de una buena cantidad de objetos electrónicos, ante una solitaria fiscala que se sabe estaba atareadísima recibiendo y quizá contestando 51 llamadas telefónicas, ¿de qué números?, y sin que conozca ni pueda controlar a las decenas de policías intervinientes, es el que permite distorsionar, esconder y pervertir toda posible huella, efecto y medio utilizado en la comisión delictiva.
La no identificada policía, de todo tipo de jerarquías, que interviene en estos allanamientos e incautaciones es altamente experimentada en esta distorsión malévola, cuando detrás existen personajes influyentes, que sólo necesitan de un teléfono al lado.
¡Sólo basta la mínima insinuación desde arriba, que suele no dejar huellas, para que la actividad probatoria se contamine y pervierta! Fiscales y jueces, de abajo, resultan presa fácil del “comedido” poder político y poder policial.
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13-9-2013
