por Desco
El próximo 10 de octubre se realizará, a nivel nacional, un simulacro de sismo para contribuir a preparar a la población frente al riesgo de un sismo de gran magnitud. Avances importantes se han dado a partir de la afectación que causó el terremoto del año 2007 en el sur peruano, no solamente por la magnitud y el nivel de desastre con los resultados que todos conocemos, sino porque también, se demostró la fragilidad institucional del gobierno para hacer frente a la situación en el momento de la ocurrencia de la tragedia; sobre todo ante los escandalosos indicios de corrupción del gobierno aprista, puestos de manifiesto en el proceso de reconstrucción del sur del país.
En el año 2011 se promulgó la Ley Nº 29664, la cual crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de vulnerabilidad mediante lineamientos de gestión. La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresas públicas en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.
A dos años de promulgada la referida ley, no se notan avances claros en la manera de gestionar el territorio, pues continúan los procesos de toma de terrenos en zonas de alta vulnerabilidad, donde primero se ocupa y una vez que se logra el acceso al título de propiedad y los servicios básicos, se inicia el proceso de consolidación; que en las últimas décadas ha generado núcleos urbanos con alta probabilidad de riesgo de ocurrencia de desastres de gran magnitud. Villa El Salvador y La Molina, de acuerdo a los informes publicados por el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, presentan vulnerabilidades frente a un sismo de gran magnitud por el tipo de terreno que ocupan.
Actualmente, una de las más grandes ocupaciones del sur de la ciudad se viene dando en el distrito de Punta Hermosa, lugar donde los traficantes de terrenos lucran con las necesidades de familias, amparándose en problemas judiciales en donde los supuestos dueños abonan en el conflicto y las autoridades hacen poco o nada para enfrentar un tipo de crecimiento urbano que lo único que hace es mantener y ampliar el caos que produce el crecimiento de la ciudad sin planificación.
A modo de conclusión podemos decir que, justamente por los riesgos y vulnerabilidad que enfrenta el territorio que venimos ocupando actualmente en la ciudad de Lima, es imprescindible contar con los respectivos planes de Gestión de Riesgos; donde la población, autoridades locales y sectores competentes, actúen para evitar este modo de crecimiento urbano, que lo único que genera son problemas que permanecerán latentes en el tiempo y nos llevarán a situaciones de inseguridad, frenando el desarrollo al que muchos venimos contribuyendo.
