Escribe Jorge Manco Zaconetti (*)
Existen posiciones encontradas sobre esta realidad. Hay quienes señalan que los contratos debieran prorrogarse por 10 años más como se hizo por ejemplo en el 2001 con el contrato del lote 1-AB que se extendió hasta agosto del 2015 cuando debía vencer en agosto del 2001. Con el nuevo operador Pluspetrol que sustituyó a la OXY, no solamente se modificó la naturaleza del contrato de servicios por uno de licencia, sino también hubo una disminución de la tasa de regalías que evidentemente afectó la caja fiscal.
Esta responsabilidad recayó en la dupla conformada por el ministro de energía y minas durante la transición democrática, el Ing. Herrera Descalzi y el responsable de Perúpetro fue el ing. Luis Ortigas, él mismo personaje que ha ocupado variadas carteras en Proinversión durante el fujimorato, siendo Viceministro de energía en el actual gobierno, y que debe adoptar una decisión al respecto como titular de Perúpetro.
Se debiera tener presente que en agosto del 2001 debía terminar la renegociación contractual efectuada en el 1986 con la OXY, pero en el 2001 Pluspetrol asumió el contrato y renegoció con PerúPetro una extensión indebida hasta el 2015. Asimismo se extendió el plazo del contrato de servicios por el lote I (Graña y Montero) por 10 años más hasta diciembre del 2021 durante el II gobierno del Dr. Alan García, siendo ministro del sector el Ing. Pedro Sánchez y responsable de PerúPetro el Ing. Daniel Saba.
Por tanto, las prórrogas contractuales tienen varios antecedentes y resultarían cuestionables por la falta de transparencia en una materia tan inflamable como los hidrocarburos, de allí la importancia del tema en la presente coyuntura.
Quienes defienden la prórroga contractual con variados y legítimos argumentos que van desde el carácter marginal de las operaciones, la mínima producción por pozo productor, un promedio de tres barriles en el lote VI/VII, de siete barriles en los lotes III y IV, y de apenas de dos barriles en el lote II, si se considera la producción correspondiente al 2012 y el número de pozos productores, según la estadística publicada por PerúPetro.
En estas condiciones el argumento más fuerte por aquellos que recomiendan la prórroga por 10 años se relaciona con la drástica disminución de la producción de crudo en Talara por la falta de inversiones ante la proximidad de los vencimientos contractuales. Esta realidad está significando menores recursos por concepto de canon y sobrecanon para Piura y Tumbes, y una fuerte caída en el empleo directo e indirecto, en particular de las subcontratistas que operan en Talara.
Al mismo tiempo se señala que las tasas de regalías en los contratos próximos a su vencimiento no son competitivas, así el lote III y IV donde opera la noruega Interoil, con una producción promedio en ambos lotes de 3,011 barriles diarios, con 423 pozos productores, y que tiene una tasa de regalía promedio del 49 por ciento, lo que ha significado importantes ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); solamente en el 2012 las regalías pagadas por ambos lotes fue de algo más de 80 millones de dólares, cuando en el 2011 sumaron los 59.4 millones de dólares en razón de los altos precios del crudo y una menor producción de crudo.
En el lote VI/VII donde opera la petrolera estatal china Sapet, con una producción promedio en el 2012 de 3,344 barriles diarios y 1,013 pozos productores se tiene una tasa de regalía mínima menor al 12.75 por ciento, lo que ha significado menores ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por concepto de regalías, solamente en el 2012 las regalías pagadas fueron de 18.2 millones de dólares, y en el 2011 sumaron los 17.7 millones de dólares.
Por último, en el lote II la producción promedio es de 450 barriles diarios, allí opera Petrolera Monterrico con un número de 217 pozos productores, asumiendo una tasa de regalías superior al 52 por ciento lo que ha representado ingresos al MEF del orden 9.6 millones de dólares en el 2012 y de 10.5 millones en el 2011 con tendencia a la disminución en el 2013 en razón de la producción decreciente.
Debiera ser evidente que la tasa de regalía más baja es la correspondiente a la petrolera estatal china Sapet que ha depreciado la fuerza de trabajo local con salarios miserables y ha depredado el medio ambiente con numerosas faltas ambientales que han sido materia de observación del organismo regulador Osinergmin.
RACIONALIDAD DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL
En resumen, los argumentos a favor de la prórroga parecen ser sólidos, soslayando la rentabilidad de las operaciones a pesar de la mínima producción, las tasas de regalías vigentes, y la mayor cantidad de pozos de desarrollo. Es más, sobre el futuro contractual de los lotes se sostiene que deben ser analizados de manera independiente, separados del proyecto de modernización de la refinería de Talara.
En verdad, ello no es conveniente ni técnicamente sustentable por dos razones fundamentales. La primera se relaciona con el valor económico de las reservas probadas y la producción futura, en razón que las reservas deben servir para apuntalar, reforzar, garantizar el financiamiento requerido por la modernización de la refinería de Talara.
En segundo lugar, siempre se ha sostenido que la forma más eficiente de operar en el sector de hidrocarburos está en relación a la integración de sus actividades, en especial la unidad técnico material entre la explotación, la refinación, y la distribución mayorista con grifos propios.
En tal sentido, el principal interesado por una mayor producción de hidrocarburos debiera ser PetroPerú en especial con la refinería modernizada a partir del 2018 (¡Si Dios quiere y Castilla firma!); pues con una mayor capacidad de refino se tendrían los mayores volúmenes de crudo para obtener relativamente más barriles de destilados medios (diesel limpio y turbo), gasolinas limpias de alto octanaje y una menor proporción de residuales.
En verdad, siempre he sostenido que PetroPerú debiera ser el titular de los contratos próximos a su vencimiento, lotes II, III, IV, VI/VII y sobre todo el lote 1-AB de la selva norte. Pero al mismo tiempo debo reconocer que la petrolera estatal no tiene por ahora capacidad técnica, económica ni financiera para gestionar directamente dichos lotes, no solamente por la carencia de equipamiento como equipos de perforación y de diversos servicios que se estilan en la explotación de los pozos productores.
Si a ello se agrega el déficit gerencial de cuadros calificados técnicamente y moralmente, con una gestión mediocre donde sus altos funcionarios están digitados por Palacio de Gobierno con una intervención política contraria a una administración moderna que debiera tener toda gestión, con una mayoría laboral pasiva interesada exclusivamente en sus remuneraciones y utilidades, ajenas a la moral de productor.
Sin embargo, la falencia más grave de la petrolera estatal no está en relación a la cantidad y calidad de técnicos y profesionales en la gerencia de exploración/ explotación, o si se tienen los capitales suficientes para operar directamente los lotes materia de discusión. El problema central está en relación a la ausencia de la necesaria voluntad política para el fortalecimiento de la petrolera estatal.
Después de más de 20 años de políticas de las políticas liberales en el sector no solamente se han privatizado las reservas probadas, probables, y posibles que descubrió PetroPerú, transfiriendo lotes, equipos y reservas a precios subvaluados. También se “privatizaron” a los mejores técnicos y profesionales que fueron formados como capital humano gracias a la petrolera estatal y que hoy día se desenvuelven exitosamente en el sector privado, defendiendo sus intereses, que necesariamente no coinciden con el interés público.
Por ello, hoy estamos ante un conflicto propio de la economía política de hidrocarburos, donde existen intereses encontrados cada uno más justificable que el otro. Desde quienes apuestan por la prórroga defendiendo intereses privados por una mayor valorización del capital, es decir mayores utilidades. Hasta aquellos que recomiendan una licitación internacional que estaría condenada al fracaso si se mantienen las mismas tasas de regalías, con una producción que tardará más tiempo en su recuperación.
En el desarrollo de las contradicciones debiera ser evidente que PetroPerú requiere acceder al valor económico de las reservas probadas de crudo donde destacan nítidamente las reservas de los lotes VI/VI con 29 millones de barriles, las reservas de los lotes III y IV y particularmente del lote 1-AB como se puede captar en el cuadro respectivo: “La Pura Realidad de los Contratos Próximos a su Vencimiento”.
Estas reservas probadas y probables en el subsuelo constituyen propiedad de la Nación y por el interés público se debe disponer de ellas para respaldar parte del financiamiento que representa la modernización de la refinería de Talara. ¡El gobierno del Comandante Humala debe entender que aquí se está jugando el futuro de PetroPerú!
Repensar en una estrategia donde en razón del interés público el valor económico de las reservas probadas de hidrocarburos respalde parte del financiamiento que significa la modernización de la refinería que ha sido valorizado en más de 2,730 millones de dólares.
Esta figura reproduce el financiamiento del proyecto exportador del lote 56 donde las reservas probadas del lote 88 más de 2.4 trillones de pies cúbicos todavía respaldan el financiamiento obtenido por el consorcio Perú LNG por más de 4,500 millones de dólares. Es decir, las reservas probadas que supuestamente constituyen propiedad de la Nación respaldan un proyecto privado, no explotan pero están como garantía.
Por último, se debiera reconocer que la gestión, administración de los lotes próximos a su vencimiento debiera ser privada con los actuales o nuevos operadores pero donde se privilegie los mayores compromisos de inversión sujetos a un programa de inversiones para levantar la producción en el menor tiempo posible, renegociando las tasas de regalías, con la titularidad contractual de PetroPerú.
Es decir, PetroPerú debiera estar en condiciones de optar la sociedad y participación con operadores privados que serían los subcontratistas de la petrolera estatal donde se les garantizaría una razonable rentabilidad.
Todo ello requeriría la suficiente voluntad y fortaleza política que lamentablemente los accionistas de la petrolera estatal no tienen, pues los ministros de energía y minas (Ing. Merino Tafur) con el de economía y finanzas (Dr. Luis Castilla) están pensando más bien en cómo privatizar lo que resta de PetroPerú, sin pena ni gloria. ¡Todo lo demás es cuento chino con su dosis nacionalista!
(*) Investigador UNMSM
