por Herbert Mujica Rojas
Que en Perú llueve para arriba es casi una verdad constitucional.
¿Cuántas veces, querido lector, ha escuchado la siguiente expresión abominable: roba pero hace obra? Algo así como que para ser eficiente en la cosa pública implica ser un bandido de cinco esquinas y que al carecer del cinismo, la habilidad cleptocrática y la inescrupulosidad desde cualquier puesto de la nave estatal, en Lima y en provincias, en esto sí somos paradigma de descentralización ultra-democrática, no hay chance de acometer la bitácora de la nave nacional.
La ética y descaro del bandido en el Perú llega desde mucho antes de la República, con el virreinato los desmanes eran innumerables y el perfeccionamiento del robo institucional uno de los requisitos de la gran mayoría de quienes fueron funcionarios de los episódicos gobiernos. A casi nadie se recuerda por la comisión de sucesos por la Patria, más bien por la colección detallada de hurtos y monras en contra del erario. El ADN social peruano nació fallado, los tres integrantes del trío de bandidos de la conquista fueron: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el cura Hernando de Luque.
La pregunta lógica e inevitable es: ¿se puede hacer política sin robar al tesoro público o sin engañar o estafar la fe popular del pueblo que todo lo sufre, todo lo paga y nada decide por su proyecto de vida y nace, vive y muere en la misma miseria y desprotección?
Enderezar la pregunta a la caterva -con rarísimas excepciones- de políticos, alcaldes, presidentes regionales, burócratas, funcionarios de alta y baja categoría, es incómodo. Por una simple razón: su raison d'etre, fin fundamental o leit motiv, radica en el aprovechamiento de los huecos inmensos que tiene la legislación para el castigo de sus bandidos y genera ocasiones formidables para el saqueo y la expoliación del dinero público. ¿Qué habría de impugnar quien sabe que en pocos años y so pretexto de obras o proyectos, nutrirá su faltriquera, proveerá del pago para el estudio de sus hijos, aumentará el margesí de propiedades inmobiliarias, llenará de sellos su pasaporte atiborrado de viajes al por mayor y ostentará no uno sino dos o tres autos, camionetas, casas de playa y de campo, su propia empresa rentable y será parte de la sociedad de alto consumo y múltiples tarjetas doradas de crédito?
¿Cómo explicar que algunos bandidos a quienes, antes de su llegada al solio presidencial, no se les conocía casas y bienes inmuebles valorizados en millones de dólares, hoy no pueden justificar ante la opinión pública, nacional e internacional, tanta riqueza objetiva? Uno de ellos, pocos lustros atrás, carecía hasta de mínimos soles para comprar la leche de los entonces hijos infantes y vivía en casa prestada por la generosidad de quien a posteriori llegó a ser presidente de la Corte Superior de Lima? Ese delincuente quiere llegar a la primera magistratura por tercera vez y posee una manada de simios amaestrados capaces de llamarle inteligente, genial o "político".
Este es un caso de singular importancia porque demuestra que el latrocinio de que hacen gala los bandidos no deja resquicio a la improvisación, antes bien, es un arte científico, planificado, provisto de consejo jurídico cínico y alimentado desde dentro y desde afuera por empresas a quienes conviene prolongar con su embajador, el saqueo del Estado peruano. El porcino de casi dos metros no solo alienta el robo ¡conoce el prontuario de todos sus colaboradores y sabe a la perfección la larga lista de delitos de cada quien! Es decir quien se salga del libreto da con sus huesos en la cárcel. ¿Recuerdan lo que le pasó a Rómulo León?
Las interminables explicaciones confusas, incoherentes, débiles y abstrusas del otro ex presidente no han podido dar esclarecimiento a los millones de dólares que compraron propiedades en Lima y para lo que usaron una empresa formada en Costa Rica y con el rol testaferro de la suegra, una señora foránea que no vive en Perú. A propios y extraños, esa errática conducta, les parece el colmo del descaro.
No sólo el presidente de la República, sino los parlamentarios, los alcaldes, presidentes regionales, regidores, TODOS, debían estar sometidos a juicios de residencia una vez acabados sus mandatos. ¿Cómo así que terminan sus períodos con fortunas que se traducen en camionetas, casas, viajes y signos exteriores de riqueza? Si el sueldo que ganaban da para una vida digna, el lujo, el boato y la estupidez descarada, dan la pista para dineros venidos de mala forma y eso hay que perseguirlo para encarcelar a los protagonistas del robo institucional contra el Perú.
El bandido no es solo el ratero de poca monta que medra en cualquier esquina dispuesto al asalto carterista. Es aquél que poseyendo algún mandato pasajero se enriquece con el cargo, propicia la coima, la industrializa, impulsa que estudios completos de abogagángsteres asuman sus defensas y burlen un sistema incapaz de fusilar públicamente a sus cacos.
Me dice una voz prudente: si pasamos por las armas a los bandidos, entonces nos quedamos sin políticos. ¿Y, pregunto yo, no sería mejor una tierra de meritocracia en que el mejor o los mejores se distingan como buenos entre los buenos a poseer el tristísimo espectáculo peruano en que tres ex presidentes sean pasibles de sospechas de malos manejos?
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-Bandits must stay with bandits
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http://www.voltairenet.org/article180470.html?var_mode=recalcul
