por Raúl Allain (*); Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Un porcentaje amplio de estudios que sustentan afirmaciones políticamente favorables a la causa homosexual han sido realizados por expertos vinculados de alguna forma afectiva, política, social o financieramente al lobby homosexual.

Los estudios que afirman que la homosexualidad es esencialmente innata —y por tanto no puede juzgarse como un estilo de vida— han sido elaborados por homosexuales, científicos heterosexuales vinculados al movimiento homosexual o financiados por el mismo.

Podemos sentenciar que la comunidad científica redefinió sus posturas sobre la homosexualidad más por presiones políticas que por un estudio científico exhaustivo. La presión de la comunidad gay y la dimensión histórica de su influencia significaron la aprobación de una condición que pudo operar a partir de la doblegación del individuo enajenado por medios de comunicación y telecomunicación.

La trascendencia histórica puede hallarse en la consideración de trastorno mental de la homosexualidad hasta los años ‘70, ya que figuraba en la lista de patologías. De hecho, hasta el ‘92 la OMS mantuvo la homosexualidad en su lista de patologías.

Los paradigmas han cambiado a través de la historia, por ejemplo varios manuales de Derecho Civil franceses del siglo XIX mencionan que el matrimonio entre dos hombres es un contrato inexistente. Les parecía tan inconcebible y aberrante que entraba en la categoría de lo legalmente imposible.

Para un caballero victoriano (incluso uno liberal y ateo) sugerir la posibilidad de que dos hombres o mujeres pudiesen contraer un compromiso era como hablar de la venta de terrenos en la Luna; actualmente esta posibilidad podría cobrar factibilidad. Oponerse con argumentos al “matrimonio” homosexual es tan osado como habría sido defenderlo hace veinte años.

Un liberal, aunque esté de acuerdo con el proyecto de Carlos Bruce, debería saludar los esfuerzos de quienes se atreven a oponerse con juicios de consideración. En estos momentos oponerse públicamente a la unión civil (o el matrimonio homosexual) es un acto de valentía. Y hacerlo sin apoyarse en los previsibles argumentos religiosos es todavía más osado y arduo.

El matrimonio homosexual supone una invitación a los solteros y convivientes de cualquier orientación sexual a cuestionar la validez del matrimonio como institución legal y ni qué decir de su uso de los medios masivos de comunicación y de la farándula, además de la influencia de medios de telecomunicación desde finales del siglo XIX. Esta variable esencial debería ser considerada en el debate sobre el "matrigay" que se dilataría en cuanto satisfagan su postura. El pleno del Congreso votará en marzo, curiosamente poco antes de Semana Santa. Los activistas homosexuales buscan para entonces sensibilizar a la opinión pública mayoritaria a través de respaldos de figuras públicas y políticas. Si se consiguen a unos cuantos sacerdotes disidentes como el Padre Garatea, de paso será más fácil meterse al bolsillo a los escépticos.

Un estudio del fenómeno se tornaría necesario realizando un trabajo de masificación de esa postura histórica que aún debiera mantenerse, pues el hecho de que sea a consecuencia del doblegamiento de un individuo no se ha erigido como variable en la historia. Un buen porcentaje de juzgamientos sería mutilado de nuestro imaginario social. De todos modos se utilizarían novedosos pretextos para el establecimiento de la aprobación al contingente gay. La gran influencia de los medios de comunicación y telecomunicación debe considerarse trastornos de conciencia y en consecuencia sociales.

(*) Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y codirector del sello independiente Río Negro.

http://www.voltairenet.org/article180618.html