por Desco
Luego de casi dos años de trabajos, por fin se ha culminado con la construcción del asfaltado de la carretera que une el Puente Raither con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (Oxapampa).
Las inauguraciones, que son eventos meramente protocolares, movilizan alcaldes y líderes de la Selva Central con el propósito firme de llamar la atención sobre demandas y aspiraciones de sus poblaciones. Es así que después de un discurso presidencial, la breve visita –que duró casi treinta minutos– se coronó con el ofrecimiento de la continuidad de la vía desde Villa Rica hasta la ciudad de Pucallpa, en Ucayali.
Los estudios técnicos de ambos tramos –de Villa Rica a Puerto Bermúdez y de Puerto Bermúdez al km. 86 (carretera a Pucallpa)– ya tienen cierto nivel de avance. Sin embargo, en el tramo Villa Rica-Puerto Bermúdez, habrá que tomar en consideración la existencia del Bosque de Protección San Matías San Carlos (BPSMSC). En este tramo se tendría que cruzar esta Área Natural Protegida, ruta que actualmente funciona como vía carrozable y sirve de salida a las poblaciones de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución. En ocasiones, también actúa como salida de emergencia vial desde Pucallpa y Tingo María hacia Lima. El ensanchamiento de la vía es ineludible de progresar el proyecto de asfaltado. Por ende, requerirá de un riguroso estudio de impacto ambiental, el mismo que deberá ser aprobado por el SERNANP antes de dar pase a la etapa de inversión.
El tema es técnicamente subsanable; sin embargo, si esta obra se considera viable, ¿cuál será el argumento para seguir negando la construcción de una vía que cruce el BPSMSC y conecte al distrito de Puerto Bermúdez (Oxapampa, Pasco) con el distrito de Pichanaqui (Chanchamayo, Junín)?
En el pasado, la intención de construir una carretera atravesando el Área Natural Protegida, generó una gran movilización en defensa de la intangibilidad del BPSMSC. El saldo de aquella protesta fue la negación de todas las solicitudes de permisos desde el SERNANP y la detención del entonces alcalde de Puerto Bermúdez bajo cargos de delito ambiental, previa intervención del Ministerio del Ambiente.
No podemos dejar de analizar las consecuencias jurídicas de esta nueva promesa y los argumentos que le den viabilidad. La aspiración de las poblaciones por mejorar su conectividad es válida; lo difícil será sustentar por qué mientras que para unos es delito para otros es una vía hacia el desarrollo.
