Por Ubaldo Tejada Guerrero*
La crisis estructural de los EE. UU. debe hacernos reflexionar a los peruanos, mas aún cuando en lo concerniente al mundo emergente, causa particular interés el destino económico de China. Mucho se ha hablado acerca del fin de su aparentemente insostenible ritmo de crecimiento de los últimos años, el cual pasó de cifras de dos dígitos, que llegaron a superar el 14% en el segundo y tercer trimestres de 2007, a menos del 8% en los tres primeros trimestres del 2013.
Cómodamente el capitalismo transnacional se instaló en el Perú, desde 1,990, exigiéndole al Estado condiciones constitucionales, que maximicen sus beneficios, políticas públicas para una baja tributación, normativa laboral y ecológica flexible, reducción de sus costos laborales es desmedro de las condiciones de trabajo; es decir un Estado débil para los pobres, y fuerte para los ricos.
Piero Ghezzi y José Gallardo en la presentación del libro “Qué se puede hacer con el Perú”, nos dicen: “Los factores externos que nos han venido apoyando, posiblemente van a ser menos favorables en un futuro. Para que un país logre el desarrollo económico, primero debe tener un fuerte desarrollo institucional, y ese proceso no se está dando en el Perú. Todo lo contrario, se está debilitando”.
Es hora en el Perú iniciar el gran debate ciudadano a nivel nacional, regional, local y comunal, entendida ésta como la gran indignación de una patria multicultural y multiétnica, hasta ahora no representada en una república agotada que ha cambiado la hiperinflación y el terrorismo por la delincuencia y la corrupción como los problemas agobiantes, en un país donde 5´400,000 trabajadores son informales.
El desarrollo de ciudadanía es fundamental como recuperación de la peruanidad en sus dos ejes: derechos humanos y democracia social participativa, en un escenario donde la “idolatría del mercado”, sigue destruyendo el desarrollo humano, que como nunca hace necesario acciones de incidencia, capaces de modificar políticas públicas que modifiquen gravísimos problemas distributivos, que causan desigualdades entre costa, sierra y selva, con bajos indicadores en salud y educación.
Nuestra juventud a lo largo de nuestro territorio, observa como se continúa destruyendo la institucionalidad que es la base de un Estado de derecho, cuya punta del iceberg ahora está en el Congreso de la República con la elección de la congresista Martha Chávez en la Comisión de Derechos Humanos, con lo cual continúa la repartija camino de convertir al Poder Legislativo en un escenario con aceptación de cero por ciento.
El sabor que nos deja ésta casta política hasta ahora, es que pertenecemos a una generación a la que nada nuevo se nos ha planteado, sólo tenemos partidos caducos y casta políticas agotadas incapaces de movilizar el entusiasmo ciudadano por la noble tarea política, lo cual crea un hondo vacío de mística y propuestas programáticas para una seria construcción propia de un programa que apunte a una regeneración moral del Estado.
Los nuevos indignados están en el Perú en la juventud, en los más del 64% de los informales (PEA), en la etnias serranas y selváticas, en los migrantes posesionados de la costa, capaces de hacer incidencia en el Estado, para diseñar las nuevas políticas públicas mediante la presión social en un país donde existen US$ 15 mil millones de dólares, inmovilizados y a cargo discrecional del MEF (fondos y reservas de contingencia).
Sentir que cada día el “Estado oficial” se aleja del “Perú real” nos está conduciendo a que Marta Lagos, directora de Latinobarómetro nos diga: “la democracia en América Latina se ve retenida por la desigualdad en el acceso a bienes políticos y también bienes económicos, pese a que la región vive un nivel de prosperidad que no había visto antes”. Éste es el problema por resolver.
* Analista Global
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