Por Cesar Hildebrandt
Aldo Mariátegui ha hablado de sadismo contra un venerable anciano que no tendría más culpa que haber sido un buen ministro de economía.
Martha Meier lo ha llamado un servidor honesto y por eso, justamente por eso, fue perseguido, calumniado y otra vez detenido.
Roberto Abusada, que fue su asesor y viceministro, ha dicho modestamente que nos colocó en la senda del desarrollo donde hoy nos encontramos.
Juan José Garrido, director de Perú 21, le ha puesto el título de “héroe anónimo” y ha aprovechado la ocasión para dar una lista de otros héroes igualmente “anónimos” como Hurtado Miller, Boloña, Abusada, De Soto y Velarde, que representarían las cosas buenas de la década del 90.
Iván Slocovich de Correo, ha dicho que nadie quiere que el país vuelva a ser manejado por delincuentes, pero que lo que hacía Camet en el ministerio de Economía eran grandes reformas que han hecho del Perú lo que es hoy.
Y así sucesivamente.
Si nos atuviéramos a los medios de comunicación que sirven a la familia Miró Quesada, el hombre que murió hace algunos días después de haber sido dos veces ministro de Fujimori (un año en Industrias, cinco años y medio en Economía) era casi un santo que nada tuvo que ver con las cosas corruptas que ocurrieron en esos años.
El cajero que distribuía el dinero del Estado, el que hacía los contratos, el que vendía las empresas públicas, el que convocaba las licitaciones, el que hacía las grandes compras del Estado, era “inocente”, “honrado” y “buen peruano”, según la definición que ha dado Alan García del empresario ministro y que está siendo repartida entre la militancia aprista para que nadie se equivoque.
¿Es eso posible? Podemos estar hablando de cómo se esfumó el dinero de las privatizaciones, que fue la inmensa caja que tuvo en sus manos el fujimorismo y que le financió la mayoría de gastos irregulares que ocurrieron en ese período, y dejar fuera de toda sospecha al ministro de Economía que estuvo poco más de la mitad del tiempo en que Fujimori controló la presidencia.
Podemos preguntarnos por la plata que llegaba al SIN de Montesinos, como fondos secretos de las Fuerzas Armadas, que le eran entregados desde el MEF, obviamente con la venia del ministro y las órdenes del presidente, para que funcionaran todas las “aceitadas” que el Doc., aplicaba a los medios, los magistrados y los congresistas, e imaginar que el buen Camet no sabía que era para eso.
Podemos poner entre paréntesis la figura del ministro de Economía, mientras nos planteamos quién tuvo en sus manos hacer el contrato con Telefónica por el cual sufrimos por años las tarifas más altas de la región y se paga hasta hoy la renta básica por el hecho de tener el servicio aunque no se use. Y esto, para no hablar de cómo se malbarataron las empresas eléctricas, las minas y la petrolera que fueron a manos privadas en tiempos de Camet.
Pero, yendo aún más lejos, ¿podrán explicar los que quieren reescribir la historia con el argumento de que hubo un fujimorismo bueno que hacía reformas y otro maleante que desvalijaba al Estado, cómo fue que la empresa del ministro de Economía 1993-1997, que no estaba inscrita en el Registro Único de Contratistas de Obras Públicas (RULCOP) hasta 1992, de pronto se convirtió en la cuarta contratista de acuerdo al monto asignado para todo el período de los años 90 y la que ganó el mayor número de licitaciones (grandes, medianas o pequeñas) en el mismo lapso?
Ranking de las siete principales Empresas Constructoras de acuerdo a monto contratado con el Estado en el período 1990-2001
Posición Empresa Monto
1° Constructora Norberto Odebrecht Suc. Truj. 449,874,662
2° COSAPI SA 321,362,184
3° G y M Contratistas Generales SA 285,805,720
4° JJC Contratistas Generales S.A 175,812,586
5° Constructora Andrade Gutiérrez SA 165,956,774
6° CONCYSSA SA 159,119,034
7° ICCGSA 134,722,569
Fuente: Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros del período 1990-2000
La “persecución”
Ninguno de los temas referidos en las líneas anteriores fue materia de judicialización a pesar de estar mencionados constantemente en las investigaciones parlamentarias. Lo que llegó a ser sancionado por el propio Congreso, en el año 2003, con dos acusaciones constitucionales fueron, en primer lugar, la autorización mediante decreto supremo de exoneraciones adicionales de impuestos a los procesos de fusión de empresas, rebasando el texto constitucional que indica que los impuestos se establecen o modifican mediante leyes y ampliando ilegalmente los beneficios de la ley 26283, por lo que se le inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos; y en segundo lugar, por el caso de la compra irregular de repuestos para helicópteros y aviones por un monto de 7.5 millones de dólares, con inhabilitación por diez años. No era Toledo, ni la izquierda, ensañándose con el pobre anciano, sino el pleno del Congreso tratando de establecer, cuando todavía existía un impulso moralizador, un justo castigo a los violadores de la ley.
Lo que se ha dicho sin embargo es que en ese mismo año se abrió proceso a dos exministros de Economía: Jorge Camet y Jorge Baca, al exministro de Defensa César Saucedo, y al expremier Alberto Pandolfi, por la compra irregular de aviones a Bielorrusia para lo cual se emitieron 18 decretos supremos de carácter secreto que dieron base para negociar con traficantes de armas que pagaron jugosas comisiones por una flota de aviones Sukoi 25 y MIG 29, de segunda mano, que en su mayor parte resultaron en mal estado y repararlos podría costar más que adquirir otros nuevos.
Sólo por este caso que compromete la defensa nacional, el exministro Camet y sus coencausados fueron condenados por colusión en el año 2011, con cuatro años de prisión suspendida y una reparación civil solidaria de 50 millones de soles. Este proceso fue sometido a apelación y es el que ha culminado en las vísperas de su fallecimiento con la absolución de todos los implicados, lo que en esencia quiere decir que nadie responderá por las decenas de millones de dólares que se desembolsaron por aviones que permanecen en tierra. Cabe anotar que los traficantes que estuvieron involucrados en estos hechos están en calidad de prófugos de la justicia, mientras que las autoridades políticas que viabilizaron la estafa han sido exoneradas de toda culpa.
Un balance
El gobierno de Fujimori tuvo cinco ministros de Economía en poco más diez años. Todos fueron sujetos de diversos procesos, pero sólo uno de ellos (Víctor Joy Way) sufrió prisión efectiva por el caso de la importaciones chinas de las que era proveedor y que perjudicaron al Estado. Los demás están en la lista de “héroes anónimos” del director de Perú 21, aunque hasta ahora nunca hayan explicado como casi 10 mil millones de dólares de la privatización se volvieron 500 millones que eran menos de los intereses.O mil otras preguntas que están sin responder.
Que Camet descanse en paz. Pero que no se use su muerte para tergiversar la verdad.
10.11.13
Publicado en Hildebrandt en sus Trece
