Por Guillermo Olivera Díaz*
(Nota del editor, HMR). Cierra este levantisco año 2013, con una columna polémica y de aguda protesta y reclamo, nuestro colaborador y amigo, el doctor Guillermo Olivera Díaz. Llegan días difíciles en enero mismo del 2014 y hay responsabilidades ineludibles para con la Patria. ¡Es hora que Perú se dé su Propia Respuesta! Abrazo a todos.
Un presidente cualquiera, que no sea peruano comprometido, que considera, y lo manifiesta, peligrosa —peligro, es la inminencia de un mal— la concentración de medios de comunicación social, como yo, para la libertad de expresión y comunicación de pocos y derecho a la información del vasto pueblo, debe proponer corregirla, para eso tiene iniciativa legislativa y otras formas de operar.
El presidente Humala no sólo debe criticar alegremente la horrible realidad existente, en materia de prensa, radio y televisión, sino proyectar algo constitucional y legalmente diferente, para eso fue elegido e investido de gobernante, con posibilidad de proposición y gestión de nuevas leyes y muchas posibilidades más, en tal ominosa materia, que claramente afecta a la moral, a la salud mental y a la seguridad públicas. ¡El bagaje del magín peruano ya es un grosero producto social antojadizo, sin que nadie le haya puesto el cascabel al gato, quien recibe sólo lamentos y acusaciones de ciertos ratones!
Es cierto que la Constitución Política, en sus Artículos 58.o y 59.o, instituye los principios económico-generales de la “libertad de empresa” y de la “libre iniciativa privada”. Sin embargo, en materia de comunicación social, en sentido lato, existe una norma constitucional específica que los restringe y que permite actuar, con legitimidad, a cualquier gobierno.
Sostiene este diáfano precepto constitucional: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares” (Art. 61.o).
Este mismo numeral de la Carta Magna, ab initio, establece que el “Estado facilita y vigila la libre competencia”, pero “combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”.
Además, la propia Constitución establece que el ejercicio de las libertades de empresa, comercio e industria “no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas” (Artículo 59.o) y siendo el acaparamiento también, según cualquier diccionario, la “acumulación de una cosa en mayor cantidad que la precisa para cubrir las necesidades ordinarias, en perjuicio de los demás y con ánimo lucrativo o por el afán de poseer”, entonces, el pueblo representado por sus gobernantes debe aplicar estas normas constitucionales, mediante la ley respectiva, que restrinja el abuso de posiciones dominantes, tal como el que cumple el pequeño grupo de empresarios, de apellido conocido, y que regentan El Comercio y sus satélites en la comunicación.
¡La manipulación y conversión del ser humano, de su voto, de su propio bagaje mediocre, hasta reducirlo a un puñado de intereses en beneficio del manipulador-comunicador, atentan contra las normas constitucionales aquí reseñadas!
¡Son un producto social no querido, claramente inconstitucional, que viola los principios restrictivos referidos, que igualmente la Constitución encierra y que no los he inventado Yo!
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31-12-2013
