La situación legal y política del ex presidente Alan García Pérez se complica luego de que la Megacomisión que investiga su segundo gobierno aprobara por mayoría recomendar una acusación constitucional contra él, al encontrar indicios de su participación en la concesión irregular de indultos a sentenciados por narcotráfico.
La acusación constitucional es un proceso parlamentario que tiene por objetivo determinar las responsabilidades de un alto funcionario, al que se denuncia por la comisión de un delito cometido en el ejercicio de su función, o por haber cometido una infracción constitucional. Luego de la decisión emitida por la Megacomisión, quedan dos caminos que podrían definir el futuro político de García.
En primer lugar, se viene el proceso para su inhabilitación política, con lo cual quedaría impedido de postular a la Presidencia de la República en 2016. Como veremos a continuación, este camino es largo y tedioso. Las conclusiones de la Megacomisión pasarían a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde sus miembros deberán evaluar la admisibilidad de la acusación constitucional. Luego, la Comisión Permanente votaría la aprobación o el archivamiento del informe de acusación. La aprobación activaría la creación de una Subcomisión acusadora. Este grupo tendría como principal encargo sustentar la acusación contra García ante el pleno del Congreso. La votación requeriría, para ser favorable, por lo menos de 2/3 del número total de congresistas.
¿Se cuentan con los votos para inhabilitar al ex presidente aprista? Todo parece indicar que el único sector político que podría impedir la inhabilitación de García sería el fujimorismo. ¿El fujimorismo se atreverá a jugar a favor del líder aprista que no concedió el indulto a su máximo líder Alberto Fujimori?
En segundo lugar, está la investigación preliminar que se sigue por el caso “narcoindultos” en el Ministerio Público. El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que los elementos adicionales que aporte el informe de la Megacomisión serán puestos en conocimiento del Fiscal de la Nación para ampliar la solicitud de incluir a García en la investigación de este caso. En opinión de Arbizu, el caso “narcoindultos” revela que existió una organización criminal que hizo pasar sus acciones a través de un programa de deshacinamiento de cárceles, cuyo fracaso es un indicio poderoso de que los objetivos eran otros. Este camino requiere, entonces, del compromiso del Ministerio Público por investigar y revelar el grado de vinculación de Alan García y su puesta a disposición del Poder Judicial.
Las dudas recaen también en este proceso por los cuestionamientos de afiliación política aprista del Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. ¿Tendrá cancha libre García en el camino judicial?
Como lo señalamos anteriormente, el ex presidente Alan García se ha venido librando de las responsabilidades de fondo en delitos de diversa dimensión que lo vienen persiguiendo desde la década de 1990. Por todo ello, resulta necesario investigar al ex presidente Alan García con el mayor detalle posible para evitar que un manto de impunidad lo libre de dar cuentas claras al país. Queda en manos del pleno del Congreso, del Ministerio Público y del Poder Judicial demostrar que en el país las leyes se respetan y los delitos tarde o temprano se pagan.
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