Rafael Romero
Llámese usurpación, intromisión, interferencia o injerencia, lo evidente es que Nadine Heredia, esposa del presidente de la República, ha contribuido de manera consciente y voluntaria a enrarecer el ritmo y clima del Poder Ejecutivo. Es más, todo indica que la señora Heredia ni se inmuta por las críticas que recibe frente a su excesivo protoganismo, ejercitado desde dentro de Palacio; o desde fuera a través de sus permanentes declaraciones a la prensa.
Parece que la cónyuge del presidente Humala disfruta al encimar a los ministros o al enmendarles la plana cuando le place. Pero no solo esto, sino que hoy es vox populi que Heredia tiene el poder para quitar y poner ministros. Ahora, también es lamentable que sus colaboradores más cercanos piensen que ella tiene todo el derecho de hacerlo, por ser a la sazón la presidenta del Partido Nacionalista. Sin embargo, en principio, esto no es correcto ni bueno para la gobernanza de un país, porque los peruanos no votaron por un cogobierno de facto de la pareja presidencial.
La Constitución Política, que refleja el espíritu y letra de la institucionalidad, solo plantea la existencia del cargo de presidente de la República; además ni menciona una línea sobre la figura denominada “primera dama”, la cual –por tanto– no es constitucional, sin contar que recién nace en Perú a finales de los años 30 del siglo pasado, y se origina como un tratamiento honorífico y sin mandato alguno. De modo que el jefe de Estado y los ministros tienen que hacer respetar sus investiduras y funciones que la ley les prescribe. La nación debe exigir a sus autoridades que estén por encima de los caprichos de alcoba, pues no le hace nada bien el ruido político, que, de persistir, terminará por pasarle una enorme factura al país. No vaya a ser que, por ejemplo, el ministro Castilla en lugar de representar la garantía para las inversiones, resulte ahuyentándolas a causa de la inestabilidad que se genere por las acciones u omisiones del primer mandatario y del gabinete ministerial.
La sensatez, las formas y —sobre todo— la ley deben prevalecer, pues la mínima señal de ingobernabilidad, a la corta o a la larga, influirá en la baja competitividad de un país que durante mucho tiempo viene reclamando ministros más afiatados y no simples secretarios, peor aún cuando éstos parecen depender de la “primera dama”.
Expreso, 02.03.2014
