Herbert Mujica Rojas
¿Así que ahora los de Odebrecht contemplan un plan de reparación de daños y por los delitos de coimas, prevén colaborar con la justicia peruana? El sainete no puede ser más abominable. Afirmo que ¡primero, hay que meter a la cárcel a los coimeros criollos, a los que vendieron sus influencias para desde la presidencia y de allí para abajo, en tres administraciones, se dejaron sobornar para hacer negocios sucios contra Perú! Después, veremos si vale algo la “colaboración” de Odebrecht.
El patrón delictivo no es nuevo. Se enuncian los grandes robos y coimas, con adecuado halo de misterio y siempre desde fuera del país y entonces los ilustres ladrones empiezan a usar las redes sociales para clamar con hipocresía rufianesca: “al ladrón, al ladrón”. Saben ellos que la gente no les cree, pero también conocen que en Perú la gente NO importa para nada. ¡Aquí deciden las taifas judiciales, los precarios en la administración del Estado y los bufetes de abogánsteres que ahora piden no “politizar” el caso Odebrecht!
La danza de millones para morigerar culpas o barnizar dinámicas criminales salen en forma de titulares notables y pretenden convertir a la empresa coimera como capaz de hacer algo bueno por el Perú, siendo que antes sólo han incurrido en institucionales prácticas de latrocinio. ¿Han notado cómo se expiden los medios de comunicación y sus voceros que fungen de formadores de opinión?
En giro de fragilísima contextura ética el presidente Kuczynski se atrevió a ensayar una defensa de Odebrecht. Tengo la más absoluta convicción que como jefe de Estado que es, debió haber dispuesto la ocupación militar de las oficinas de esa empresa brasilera y, más aún, la detención de los capitostes o nativos criollos al servicio de esa firma, porque son sospechosos de haber formado parte de la red criminal. A menos que alguien nos cuente el salmo que los US$ 29 millones de dólares sucios durante las administraciones de Toledo, García y Humala, se emplearon para vender bulas y perdones terrenales a sus pecados múltiples.
Es poco entendible cómo el sistema anticorrupción recién, los días que vienen, conformará un grupo de investigación, cuando de oficio debió haberse formado un escuadrón caza-criminales para mostrar ante el país, con nombre y apellido, a los hampones que han estado al servicio de Odebrecht y de todas las mafias usufructuarias.
Sólo porque la justicia norteamericana revelara detalles escabrosos de Odebrecht, esta empresa se “allanó” a considerar un trato con el Estado peruano. Contrariu sensu, ¡ni siquiera habría pensado esas aproximaciones para explicar, reparar e indemnizar por semejantes crímenes!
El razonamiento se aplica de igual manera para los ex responsables de tres administraciones presidenciales: ahora son colaboradores y no tienen miedo que les revisen o los llamen a declarar. Pero sin la justicia norteamericana ¡jamás habrían tenido la iniciativa propia y sincera de abrir sus cajas de Pandora! En realidad los Alí Babá criollos son absolutamente sinverguenzas.
Es hora urgente, además, de establecer y castigar las sospechosas conductas de los que integraron la Comisión Pari sobre el caso de corrupción Lava Jato y la extraña demora en un dictamen de consenso, asunto que, a la postre, convirtió la investigación en morisqueta y no en una herramienta efectiva de lucha contra la corrupción.
¿Qué toca al país? Censurar, exigir los nombres y apellidos, liquidar a los movimientos políticos que han estado detrás de estas jugosas trampas y exhibir en grandes afiches, por
calles, avenidas, parques y cruceros de toda índole, las fotos de los rateros. La justicia popular del repudio y asco de la ciudadanía es más efectivo, no pocas veces, que los veredictos y sentencias de un Poder Judicial que hiede a corrupción desbocada e incontrolable.
¡Coimeros de Odebrecht: todos a la cárcel!
02.01.2017
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