Luis Alberto Salgado
El Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su Consejo, que dirige y supervisa dicho Sistema, son claves para defender los intereses del Estado peruano, y vitales para combatir realmente a la corrupción que golpea a todo el país desde hace un número de años. Su ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Es, en el fondo y por tanto, - junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial - un poderoso factor para fortalecer nuestra democracia o, si se desnaturalizan sus funciones, para ir hundiéndola, envilecerla, y terminar por destruir los fundamentos de nuestra coexistencia o convivencia civilizada; lo que estuvo a punto de ocurrir durante el régimen de Alberto Fujimori...y como puede empezar a ocurrir si no corregimos a tiempo.
El ente rector del Sistema y del Consejo de Defensa Jurídica es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es decir, dependen directamente del Poder Ejecutivo y, concretamente, de la decisión final y determinante del presidente de la República y su ministro/a de Justicia.
Dicho lo anterior, es particularmente preocupante el adelanto de opinión - emitido en un canal de TV - que la actual presidenta del Consejo de Defensa Jurídica (jefa de los Procuradores) del Ministerio de Justicia, Julia Príncipe, ha hecho sobre la responsabilidad, aún por determinarse, de Alan García, afirmando que hasta ahora no hay indicios en el caso LavaJato/Odebrecht, que constituye el caso más grande de megacorrupción (la más grande entre las grandes) del siglo en América Latina.
La procuradora ad-hoc para el caso Lava Jato, abogada Katherine Ampuero y su adjunta Liliana Meza (que tienen autonomía funcional según la ley y son quienes llevan directamente el expediente, siguen el proceso y conocen relativamente mejor los pormenores del caso) se condujeron y respondieron con sobriedad y prudencia ante las preguntas incisivas de la periodista Milagros Leiva, y se abstuvieron de exonerar de responsabilidad o de aventurar hipótesis, en este proceso complejo que recién comienza, sobre la responsabilidad de Enrique Cornejo o Alan García, en lo que se va conociendo en torno al modus operandi del pago de las millonarias coimas recibidas por los funcionarios del gobierno de García, incluido su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba.
La señora Príncipe Trujillo, en consecuencia, debió abstenerse de opinar, ni en un sentido ni en otro, sobre un delicado caso que no está bajo su responsabilidad ni conducción directa, pues por su condición de supervisora (o jefa funcional) de las procuradoras ad-hoc, abogadas Ampuero y Meza, es evidente que ha querido dar, y ha dado, una señal u orientación a las abogadas cuyo nombramiento y estabilidad en el puesto dependen, precisamente, de la presidenta del Consejo de Defensa, abogada Julia Príncipe Trujillo, y eventualmente de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello y del mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
La situación se torna aún más crítica al revelarse la cercana relación, de muchos años y hasta la fecha, de la señora Julia Príncipe con Moisés Tambini, hombre cercanísimo a Alan García, bajo cuyo gobierno pesan denuncias de graves casos de corrupción que involucran a altos funcionarios de su régimen que recibieron de Odebrecht millones de dólares en grandes coimas que aumentaron brutalmente los montos de las obras contratadas que tuvo que pagar el Estado peruano, es decir, el pueblo del Perú.
La presidenta actual del Consejo de Defensa, dijo no reconocerse en una foto, relativamente reciente, en una reunión social al lado del señor Tambini, que inicialmente publicó el sitio web de noticias, Utero.pe.. Mas poco después el mismo sitio web publicó otras fotos en las que aparece incuestionablemente presente la señora Príncipe. Por qué negar inicialmente esa relación? Por qué acusar "campaña de desprestigio" cuando es evidente la relación cercana con personas influyentes de un régimen pasado que es sujeto de denuncias muy serias y de investigación por parte de los procuradores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado?. Dudas justificadas y razonables han surgido entonces sobre la transparencia, objetividad e imparcialidad que deben ser los pilares de la defensa jurídica del Estado y que, probablemente, descalifican para el cargo a la actual presidenta de dicho Consejo, que, además jefatura nada menos que a los Procuradores de la República.
Son preguntas y dudas, pertinentes y justas cuyas respuestas prontas deben dar al país el Ministerio de Justicia y el gobierno de PPK.
