Tras la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para iniciar la llamada “reconstrucción con cambios” o RCC, los análisis se han centrado en los cambios al texto original. El sentimiento general parece ser el de complacencia con los cambios, salvo en el caso del Frente Amplio, cuya bancada votó en bloque contra la aprobación del texto. ¿Obstruccionismo? Considerando que la bancada del FA no vota unánimemente así nada más y que es muy difícil sostener que hay cálculo político en su posición (sabían que nadie los iba a felicitar por oponerse) resulta interesante evaluar las razones de tanta cohesión.
De acuerdo a Marco Arana, la única victoria (pírrica) que obtuvieron fue ampliar las capacidades de la Contraloría en el marco del proyecto de Ley, o más bien, impedir que se recorten, como demandaba el texto original. En efecto, el nuevo texto ahora admite que la Contraloría realice control posterior, pero esto no viene acompañado de recursos. Hacia fines del año pasado la Contraloría señaló que los S/. 538 millones que se le transferirían en 2017 eran insuficientes solamente para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento. Así las cosas, parece que la instancia de control tendrá serios inconvenientes para cumplir con su labor.
La otra objeción fuerte es que se trata de un esquema centralista, que pasa por encima a los niveles regionales y locales. El proyecto modificado agrega que la autoridad de la reconstrucción debe operar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales. El contenido de esa coordinación queda indefinido.
No sorprende que la primera reacción del Ejecutivo sea la desconfianza en las autoridades descentralizadas. Y ciertamente cabe una crítica al actual modelo de descentralización, pero no para volver a foja cero en la materia. Si la lección de tantos gobernadores y alcaldes tras las rejas es que debe terminarse con la descentralización, ¿cuál es la lección que debemos extraer al tener a un expresidente preso, a otro no habido, y a los otros dos investigados? Acabar con la República, sin duda. Y esta idea centralista de la democracia es puesta en práctica creando regímenes excepcionales a cargo de alguien que, se nos dice en el proyecto de Ley, no es un Zar; solo parece un Zar y actúa como Zar.
La prolongación de un estado de emergencia es algo que supo capitalizar muy bien un régimen autocrático y autoritario como el de Fujimori. Hoy, el Ejecutivo parece seguir una línea similar, aunque con otros ropajes y con una orientación empresarial limeña. No tiene nada de malo per se si es que estuviéramos seguros que conocen de la realidad más y mejor que las autoridades locales y regionales que se aprestan a reemplazar, sobre todo cuando el problema de fondo parece ser de enfoque. Paradójicamente, el escenario de desregulación radical produjo la situación de la precariedad de la vivienda que nos dejó tan vulnerables, como país, a los efectos de un evento como El Niño Costero. Hoy, estos mismos adalides de la desregulación nos dicen que no importa qué haya pasado en las ciudades del Perú mientras ellos no estaban mirando; ellos lo pueden solucionar. Identificar quién es el damnificado es una de las tareas que no se dimensionan porque en nuestras ciudades una casa no equivale a una familia, sino a dos o tres, o cuatro. El estado de las sucesiones y herencias no registradas es un problema no resuelto, sobre todo porque una enorme cantidad de viviendas no tiene un título de propiedad y no está registrada en sus diferentes modalidades: ¿se usaba solo como vivienda o como vivienda productiva? Cofopri —encargado por la propuesta de reconstrucción de hacer el catastro— encuentra cotidianamente serios obstáculos y termina llamando a todos los casos difíciles “contingencias”. ¿Cuánto de nuestras ciudades son grandes aglomeraciones de “contingencias”? Nadie lo sabe con certeza. ¿Es un problema de los malvados ‘informales’? Difícil sustentar eso cuando vemos una urbanización de Los Portales, una empresa perfectamente formal, destruida por las aguas.
Ciertamente, el proyecto de Ley contiene elementos para un debate nacional importante. La idea que han transmitido algunos voceros del gobierno es que no se van a reconstruir las situaciones de marginalidad y vulnerabilidad de antaño. Nunca más en zonas vulnerables, se nos dice en el texto. Lo que debería llevarnos a reflexionar sobre la institucionalidad del Estado, es que ésta suele aparecer únicamente en este estado excepcional. Ejemplo de esto es la mención al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la entidad encargada de determinar las zonas que califican como de riesgo alto o muy alto. Parece que estos eventos nos obligan a desempolvar las instituciones y los fondos que en tiempos de ‘normalidad’ no tenían mayor importancia. Tal es el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), al cual se prefiere dejar morir en paz porque ni se le menciona en el proyecto de Ley. ¿Cómo asegurar así que se planificará en serio el desarrollo del hábitat y la vivienda en el Perú aunque eso signifique frenar, junto a los informales, a las empresas privadas que burlan el código? ¿Se planificará algo en este país? Como ya dijimos y es preciso recalcar, la gran desconfianza hacia los procesos de planificación racional del territorio ha sido desestimada como cosa de ‘rojos’ obstruccionistas una y otra vez por los voceros del ‘obrismo’ irreflexivo.
El riesgo es que vayamos en el mismo camino que el fracasado Forsur. La perplejidad que manifestó uno de sus directivos respecto de las condiciones realmente existentes de la vivienda en el Perú parece la misma de hoy. Deberíamos preguntarnos qué hemos aprendido de esa frustrada experiencia. Recordemos que en el caso de Pisco, la infraestructura productiva de las empresas estuvo lista a los pocos días. Lo que no se rehabilitó fue el tejido económico local de pequeña o mediana escala. ¿Cómo será en el caso de los productores de las zonas rurales de Piura? Es cierto, que la entidad propuesta ahora es diferente de Forsur, pero se mantiene la pregunta, ¿cómo representar los intereses de la ciudadanía ‘en vías de reubicación’ cuando se debilita la frágil institucionalidad descentralizada?, ¿cómo evitar que se incrementen las desigualdades? Queda la imagen “generosa” de Keiko Fujimori felicitando al Congreso por estos cambios y aprobación del proyecto de Ley. La idea que quiere afianzar es que, puesto que el Congreso es supuestamente suyo y de su mototaxi, una felicitación al Congreso es casi una palmada en la espalda a ella misma. El oportunismo parece funcionar mejor en el corto plazo y en los estados suspendidos de la excepción.
desco Opina / 28 de abril de 2017
