Por Herbert Mujica Rojas
La carpeta que investigó en la Contraloría General de la República, los pasaportes electrónicos, comprados en diciembre del 2015, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con sobreprecio, medida patentada de seguridad por una de las empresas favorecidas, con fallas de software y que ya fue puesta ante la II Sala Corporativa de Delitos de Corrupción de Funcionarios –los de la Cancillería- debe seguir su proceso que no es otro que la formalización de la denuncia.
La Contraloría General de la República puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción el prolijo análisis que, a mérito de los exámenes exhaustivos que realizó un grupo de auditores, configura delitos y presuntos responsables de tales hechos. No hay cómo imaginar que se archivara el caso o, como a veces ocurre en Perú, que las calendas griegas funcionen y el tema se demore tanto, pero tanto, como para olvidar semejante estafa.
Por tanto, el Congreso que demostró tanta capacidad de indignación con el caso indefendible del ex Contralor Edgar Alarcón, también debiera exhibir actitud semejante frente a lo que a todas luces constituye una estafa descarada a los fondos del Estado: ¡US$ 16 millones de sobreprecio para 400 mil pasaportes electrónicos en Cancillería!
Quien le roba al Estado, no importa la cuantía, estafa a quien mantiene al Estado, al pueblo peruano que paga sus impuestos de los que salen los sueldos de los burócratas que jamás pasan hambre ni penurias porque siempre se les recompensa con y sin recesión; con y sin crisis.
Los que trabajan en Cancillería, el Congreso, Fiscalía Anticorrupción y Contraloría son empleados del Estado y se deben al pueblo que sufraga sus ingresos. Hay una correspondencia inevitable y constitucional de servicio a la persona humana, es decir al ciudadano que puede exigir el mejor y más honrado trabajo posible de quienes están en la burocracia.
A pocos días de cumplirse el primer año de la administración Kuczynski, con tormentas borrascosas, líos políticos y enfrentamientos por doquier, acaso la representación que se dice nacional en el Congreso, en el Ejecutivo y en toda la burocracia pública, debiera comprender que no hay otra forma de hacer y construir una patria que trabajando con decencia acrisolada e imbatible. Cualquier otra cosa es robo y los que tienen esta fea costumbre son rateros.
Esperemos que la Fiscalía Anticorrupción haga su trabajo con lealtad y consecuencia.
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06.07.2017
