El pasado 21 de julio se realizó en Lima la Marcha Metropolitana por el Derecho a la Ciudad impulsada por la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL). Ellos, desde el año 2015, desarrollan una lucha ciudadana que busca devolverle a la ciudad el sentido de planificación y organización del territorio frente al «obrismo» de proyectos sobrevaluados, aislados y realizados sin consulta por la gestión municipal del alcalde Luis Castañeda Lossio.
Lima, con cerca de 10 millones de habitantes, es la quinta ciudad más poblada de América Latina luego de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro. Como centro político, cultural, financiero y comercial del país, constituye el símbolo histórico del centralismo peruano. Una reciente encuesta identifica la inseguridad ciudadana, seguida del desorden en el transporte público y la corrupción de autoridades y funcionarios municipales, como los tres principales problemas que enfrenta la ciudad.
La convocatoria de UDEAL expresa el descontento de muchos ciudadanos ante una ciudad sometida durante años a intereses ajenos a la población, en la que predomina la improvisación, la falta de voluntad política y principalmente la corrupción. Esta vez al salir a las calles –una vez más– para marchar exigiendo el derecho a la ciudad se ha desplegado una plataforma de exigencias ante la ausencia de prevención de cara a los desastres, contra la insistencia en la ejecución de obras improvisadas con fallas estructurales y sobrecostos, y la burda privatización de espacios públicos como parques y playas. Se suma una lista que incluye problemas que se acumulan como la falta de voluntad para mejorar el transporte público, la ausencia de un plan urbano integral para Lima, el abandono del patrimonio histórico, la falta de transparencia en la gestión de la ciudad, la pasividad ante la informalidad y la fuerte corrupción, además de una clamorosa ausencia de voluntad para atender el problema de vivienda social. Todas ellas son demandas, que de acuerdo a la ley, son competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aunque el alcalde Castañeda se niegue a asumirlas como tarea en este, su tercer mandato.
Es oportuno recordar que Lima ha crecido impulsada por familias de todas las regiones del país llegadas a la ciudad buscando mejores oportunidades (acceso a empleo, educación, salud, justicia, etc.). Son peruanos forzados a acomodarse en espacios reducidos del centro de la ciudad y obligados también a conquistar la tierra a través de la organización y la participación comunitaria como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Su trabajo cotidiano para sostener a sus familias, dio paso a la construcción de sus viviendas y barrios, escuelas, caminos y espacios públicos que han sido hechos por los propios habitantes. Esta Producción Social del Hábitat, denominada así por la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC) referida a “todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de auto-productores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro, son procesos de producción y gestión social del hábitat que se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano, y pueden tener origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en empresas sociales como las cooperativas, o en las ONG, entre otros. Las variantes autogestionarias incluyen desde la auto producción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva que implica un alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros componentes del hábitat”.
El proceso abierto por UDEAL en Lima con la participación de más de cincuenta organizaciones e instituciones de toda la ciudad, se suma así al proceso latinoamericano en marcha en otras ciudades y países de la región por construir una plataforma común de lucha en pro del Derecho a la Ciudad, articulando demandas y organizaciones en torno a los problemas que expresan los intereses colectivos, sociales y económicos, de manera especial los de grupos vulnerables y desfavorecidos de nuestras ciudades, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano-rural.
La marcha UDEAL constituye así un paso demostrativo de los avances en el proceso de agregación de intereses urbano-ciudadanos al movilizar a mucha gente y sus organizaciones que reaccionan ante el abuso o la ausencia de responsabilidad de las autoridades municipales de nivel local y metropolitano. Se aprecia ahora una nueva situación en la que se construye un tejido social dinámico y diverso conformado por vecinos procedentes de diversas partes de la ciudad que confluyen en la exigencia creciente del respeto al “Derecho a la Ciudad”. Se levanta una propuesta política surgida de la ciudad misma que reivindica la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de su hábitat urbano. Nosotros ya nos sumamos y seremos muchos más.
desco Opina - Regional / 27 de julio de 2017
