Por Herbert Mujica Rojas

En su mensaje de 28 de julio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, aludió a los que con dolo y vesania sirvieron mal los intereses del Estado como funcionarios y dijo convicto que NO deberían nunca más ser parte de ningún gobierno o administración. Censuró, asimismo, a las empresas tramposas.

Un mal funcionario es aquél que deja que el dispendio de los recursos del Estado se vaya en contratos o licitaciones con nombre y apellido, es decir con dedicatoria a la empresa tal o cual. De igual manera quien permite costos trucados, lo que comúnmente se llama sobreprecio, también delinque porque es el pueblo que con sus impuestos sufraga todo el funcionamiento del país.

Casi siempre hay bandas o grupetes consagrados al dudoso deporte de exprimir las arcas del Estado. Asimismo, existen los que, anuentes siempre por un precio cómodo, viabilizan negociados de toda dimensión o tamaño. El asunto es enriquecerse a costa del dinero fiscal.

Llama poderosamente la atención que desde que se otorgara la buena pro en diciembre del 2015 al monopolio francés Imprimerie Nationale-Gemalto para los pasaportes electrónicos de Cancillería, esta institución haya guardado un muy sospechoso silencio ante las denuncias de sobreprecio hasta un monto que bordea los US$ 16 millones de dólares.

Es más, pocas semanas atrás, la Contraloría General de la República, informó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, en torno a las irregularidades en el contrato entre Imprimerie Nationale-Gemalto y Cancillería. Se hizo mención al sobreprecio, a medidas de seguridad pertenecientes a una tercera empresa socia de los ganadores y a caídas del software de soporte lo que hacía que el servicio fuera deficiente y poco confiable.

El Ministerio Público tiene ese informe 023 de la Contraloría. A tenor de lo expresado por el jefe de Estado, debiera acelerar sus tiempos e iniciar el proceso a los que resultaran responsables de capitán a paje, establecer sus grados de culpa, penas que merezcan y el alejamiento vitalicio para que nunca más puedan laborar para el aparato estatal.

La regla de 3 es imbatible: si por US$ 3 millones de dólares, encarcelaron al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia; entonces por el sobreprecio de US$ 16 millones en Cancillería, hay que actuar con una severidad ejemplar que inhiba a cualquier pillo a incurrir en estos caminos delictivos.

A mediados del 2016, en carta cuyo original conservo, la Contraloría General de la República anunció que había empezado un proceso de auditoría a la Superintendencia Nacional de Migraciones y por ¡el pasaporte electrónico! Entonces era Boris Potozén y sus amigos los que capitaneaban dicha dependencia. La buena pro, octubre 2015, también había sido para Imprimerie Nationale-Gemalto, el consorcio francés que tanto defendía y propagandizaba el ex embajador galo Fabrice Mauries.

Es hora que los implicados se allanen a la colaboración eficaz y revelen los secretos de quiénes dieron las órdenes, del porqué se contrató con Imprimerie Nationale-Gemalto y ¿a dónde fueron a parar esos dineros ilícitos por el monto de US$ 16 millones de dólares?

Estamos atentos a cómo se desarrollan las cosas.

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03.08.2017

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