Fiscales y jueces solos creen versión de Odebrecht cuando afirma que dio aportes a Humala, pero no cuando se refiere e Keiko y García.
Ernesto Toledo Brückmann
Juristas y analistas consideran que tanto Alan García como Keiko Fujimori vienen siendo tratados con extrema indiferencia o blandura por parte del Ministerio Público frente a acusaciones graves como las realizadas por el mismo Marcelo Odebrecht, quien no solo ha confesado que pagó millonarios sobornos en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, sino también confirmó que dio aportes para las campañas de los principales candidatos en las elecciones del 2011.
Odebrecht ha sido claro en afirmar que dio dinero a Ollanta Humala (tres millones), pero también a Keiko de la Caja 2, que es el fondo considerado ilícito por los fiscales y jueces peruanos.
El monto que le entregó a Keiko es desconocido, pero de las declaraciones de Odebrechet se entiende que fueron mucho más que 3 millones, debido a que Barata le informó que la hija del reo Fujimori era la favorita para ganar y la directiva de Marcelo fue que entonces le entregue más dinero a Keiko. En Brasil la duda va por saber cuánto dinero más le dio Odebrecht a Keiko.
En el Perú no solo la fiscalía se resiste a indagar por los aportes que Odebrecht dio a Keiko y al Partido Aprista de Alan García. El Congreso que tiene mayoría fujimorista también se ha negado a iniciar alguna investigación pues consideran que se trata de una campaña mediática contra su lideresa, pese a que la información viene del Brasil y fue difundida por el diario O Globo de ese país.
Lo más grave es que los fiscales y jueces han decidido la prisión de Ollanta Humala y su esposa en base a las declaraciones de Odebrecht, cuyo testimonio consideran como ciertos cuando se trata de la expareja presidencial, pero tienen reparos cuando la acusación es contra Keiko, el Apra de García u otro candidato. Esta doble forma de manejar un mismo hecho es el que ha despertado las suspicacias de analistas y juristas de diferentes tendencias.
Los protegidos
Cuando el agua de las acusaciones de corrupción llega al cuello del ex presidente Alan García, nunca falta un salvavidas de último minuto. Del mismo modo, los activos y pasivos del ex mandatario Alberto Fujimori fueron heredados a su hija Keiko, quien tampoco hace mucho por librarse de acusaciones por corrupción.
El común de la gente relaciona la corrupción en el Perú con los apellidos Fujimori y García; las encuestadoras no mienten y la historia republicana reconoce a ambos ex mandatarios como los más corruptos. Mientras García ha acumulado muchísimas denuncias, de las cuales siempre ha salido airoso, Keiko Fujimori parece seguir la huella de su padre y recientemente estuvo implicada en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Fiscal Juárez Atoche se resiste investigar a Keiko y García.
“Doble rasero”
Más de un analista político considera que el Poder Judicial muestra un “doble rasero” al no tratar a Keiko y Alan con la misma severidad aplicada al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
A finales de junio, los fiscales Germán Juárez Atoche, Rafael Vera Barba y Alonso Peña Cabrera omitieron preguntas sobre Keiko y Alan durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, ex director ejecutivo de la constructora brasileña acusada de soborno en el país.
Curiosamente, a mediados de julio, Juárez Atoche renunció a interrogar al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a pesar de que el propio Marcelo Odebrecht le había dicho que este conocía toda la información sobre los montos entregados a Keiko y García, durante una reunión oficial celebrada en Curitiba, Brasil. Se trata de personajes sumamente cuestionados pero intocables e incapaces de ser sancionados.
Se reunió más de 30 veces con Barata, pero no sabía de los sobornos.
Tienen una vida manchada por denuncias de corrupción
AG carga denuncias sin ser aclaradas judicialmente desde su primer gobierno. Keiko tiene la millonaria herencia corrupta (en dólares) de su padre.
Impunidad
El primer gobierno aprista (1985- 1990) todavía es calificado por muchos como el más desastroso en la historia republicana y estuvo marcado por innumerables casos de corrupción y violación a los derechos humanos. Las antiguas generaciones recuerdan la creación del Comando Paramilitar “Rodrigo Franco” por el ministro del Interior Agustín Mantilla encargado de asesinar a dirigentes sindicales y populares; el encubrimiento en el tráfico de armas en conexión con el general Manuel Noriega de Panamá y Mantilla. Asimismo, la masacre de los penales en 1986.
Como si fuera poco, las cuantiosas sumas de dinero malversadas en el promocionado tren eléctrico y la vinculación de empresarios italianos con funcionarios del consorcio Tralima, que obtuvo la concesión a dedo del proyecto.
Otros escándalos fueron los depósitos irregulares de las decrecientes reservas del Banco Central de Reserva (BCR) en el Banco de Crédito y en el Banco Internacional. Los millones de dólares MUC derrochados en complicidad con los asociados “doce apóstoles”, el caso Zanatti, INDUMIL, la compra de los aviones Mirages, la venta irregular de acciones de la deuda externa a cargo de Luis Alva Castro y la carne podrida importada por el entonces ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez, entre otros.
A todo ello, se sumó el copamiento absoluto y manejo corporativo del Estado por parte de la “maquinaria” aprista. Resultaba evidente la selección de jueces apristas en el Poder Judicial y burocracias claves como el BCR.
Apenas culminó su mandato, el gobierno de Fujimori lo investigó por distintos delitos que se le imputaban. Sin embargo, García se refugió en París y Bogotá, prescribiendo los delitos y evitando así una condena. El entonces congresista Fernando Olivera haría suya la causa de perseguir a García, aunque sin éxito. Basados en el principio legal de presunción de inocencia, el exmandatario resultaba inocente.
La plata llega sola
La corrupción durante su segundo mandato (2006 – 2011) pretendió ser camuflada por la relativa prosperidad económica en que se vivía. Los apristas, al mando de García, cometieron una serie de actos reñidos con la ética y la ley. El escándalo de los “Petroaudios”, los famosos “narcoindultos”, la irregularidad en el concurso público para la construcción de centros educativos “Emblemáticos”.
El entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas favoreció con licitaciones amañadas del programa Mivivienda a la Constructora Kapala S.A., de la que él mismo era director.
Está el robo del exjefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio Espinoza Jiménez; la sobrevaloración de terrenos por parte del entonces secretario general del APRA, Omar Quesada; la remodelación y ampliación del Estadio Nacional con una partida presupuestal de 20 millones de soles que finalmente costó más de 200 millones de soles, entre otros.
Lo más reciente es la confesión de los directivos de la empresa Odebrecht acerca del pago de sobornos para hacerse de una serie de obras. Por lo pronto han caído un exviceministro (Jorge Cuba) que es del entorno de García y otros funcionarios menores, pero debido a los millones de dólares movidos en esas obras.
Lo salvan
En el 2016 una cuestionada decisión judicial salvó en el último momento a García de una posible inhabilitación política en el Congreso; ello lo habría dejado fuera de la carrera presidencial de ese año y levantado la inmunidad que tiene como expresidente. Por consiguiente, habría sido procesado por varios casos de corrupción. Cuando el informe de la comisión parlamentaria que durante más de dos años investigó la gestión presidencial de García entre 2006 y 2011 estaba listo y el pleno del Congreso se preparaba para debatir sus conclusiones que acusan al expresidente, el juez Hugo Velásquez dictó una resolución declarando nula la investigación parlamentaria. Con este fallo, la acusación contra García quedó bloqueada.
En ese momento, el congresista Manuel Dammert señaló que “Es peligroso para el Perú que las entidades de los procesos judiciales estén controladas por el Apra. El Ministerio Público se ha convertido en un defensor activo de Alan García”.
Como si fuera poco, el Poder Judicial anuló las denuncias por el caso Narcoindultos y otras investigaciones de la Megacomisión contra García en el Congreso de la República. Recordemos que el expresidente interpuso una acción de amparo (apelando a su derecho al “debido proceso”) con el fin de que las acusaciones contra él no prosperen en el Parlamento y así evitar una posible inhabilitación. Además, Aurelio Pastor, exministro aprista, fue absuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside Javier Villa Stein, por el caso Corina de la Cruz.
“No estoy diciendo que el expresidente Alan García sea inocente, creo que él saldrá bien librado con las malas artes de anteriores oportunidades”, afirmó el periodista César Hildebrandt, director del semanario Hildebrandt en sus trece, en relación a la suerte que correrá el exmandatario en relación al caso Odebrecht.
El periodista opinó que todas las veces que la Fiscalía ha investigado al expresidente de la República, éste ha salido bien librado, a pesar de que todos conocen su fortuna.
“Todas las veces que la Fiscalía ha tomado casos del señor García, el señor García ha salido bien librado, y todos sabemos quién es el señor García y cómo ha hecho su fortuna. De eso no hay ninguna duda y creo que todos los peruanos saben quién es García. En fin, ahí está, más libre que nunca”, precisó sarcásticamente Hildebrandt.
Su financista está ligado al narcotráfico y niega aportes de Odebrecht.
La hija del reo
El fujimorismo pretende aparecer como perseguidor implacable de la corrupción pero no dice nada sobre las cuentas que Keiko Fujimori tiene con la justicia y tampoco hace referencia de los vínculos de Joaquín Ramírez con el narcotráfico pese a que es financista de Fuerza Popular. Keiko no tiene el pasado oscuro de su padre Alberto pero poco o nada hace para romper con los malos hábitos.
Keiko está en cura de silencio, nunca pudo explicar el origen del dinero utilizado para pagar sus estudios y para financiar sus campañas, y menos deslindar con el ex hombre fuerte de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien es investigado por la DEA debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ramírez no ha podido explicar su patrimonio de 7 millones de dólares, 38 inmuebles y 34 vehículos. Keiko no tuvo reparos en utilizar las casas de Ramírez como locales de su partido y tampoco utilizar sus vehículos para movilizarse durante la campaña. Tras las denuncias Ramírez se tomó una “licencia” en FP, pero se sabe que mantiene una relación estrecha con Keiko.
De otro lado, la versión fujimorista para justificar los gastos de los estudios de Keiko en la Universidad de Boston en Estados Unidos es que su padre vendió un inmueble en Surco a 669,500 dólares y con ese fondo pagó la educación de sus hijos. Sin embargo, dos peritajes judiciales advierten que la venta de la casa de Surco fue una operación ficticia. No habiendo otra fuente de ingresos todo apunta a que Fujimori pagó los estudios de sus hijos con dinero de la corrupción. Incluso la misma Keiko dijo en una oportunidad que Vladimiro Montesinos le enviaba dinero para pagar sus estudios.
Keiko argumenta que financió su campaña electoral con una rifa que realizó con apoyo de los miembros de su partido, logrando agenciarse de un millón 606 mil 310 soles; sin embargo su campaña no baja de los 20 millones de dólares.
A Odebrecht si le creen cuando habla de Humala.
CNM Fujimorista
Resulta lógico que el fujimorismo respalde la propuesta de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) elaborada por el Ejecutivo y propuesto al Congreso el pasado 28 de julio. El ex Fiscal Supremo del Ministerio Público Avelino Guillén, sostiene que el proyecto de ley abriría las puertas a la injerencia política en el nombramiento de fiscales y jueces.
Para Guillén, el fujimorismo tiene como estrategia ir copando espacios de poder para tener el control de diversas instituciones. El objetivo de carácter político sería manejar y controlar procesos de investigación en contra de sus líderes, a fin de llegar al 2021 sin mayores inconvenientes.
La presencia mayoritaria del fujimorismo en el Parlamento resultaría muy importante para la designación de miembros del CNM. “En todo caso, ellos están forzando esto porque existen jueces independientes que han rechazado los sucesivos Habeas Corpus que han presentado contra las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori. Y eso seguramente ha determinado la necesidad imperiosa de desarrollar estrategias indebidas para controlar el sistema judicial. El objetivo político del fujimorismo es controlar la actuación de los jueces. En todo caso, que Fuerza Popular se sincere y que presente la propuesta, y ahí veremos cuál será la actuación de las demás bancadas en torno a esta propuesta”, sostiene.
De otro lado, Keiko ha utilizado su bancada en el Congreso para no ser sometida a investigaciones por alguna comisión parlamentaria y tampoco es requerida por la justicia que por muchos años estuvo sometida al fujimontesinismo.
El Ministerio Público tampoco tendría interés en investigar nuevamente a Keiko sobre procedencia del dinero con el que se financiaron sus estudios, que provendrían de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Al respecto, la liderada de izquierda Verónika Mendoza sostiene “El caso de financiamiento de la señora Fujimori y sus hermanos, no pudo ser investigado a cabalidad por el Ministerio Público porque el delito prescribió. Así que no es como dicen algunos voceros fujimoristas que la señora Fujimori ha sido absuelta, sino que no se pudo investigar”.
Pero Keiko se da el lujo de asegurar que la orden de prisión dictada contra el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia es una muestra de independencia del Poder Judicial. La lideresa de Fuerza Popular (FP) tiene la confianza de los que saben que nunca caerán.
Justicia Fujimorista
Diez años de fujimorismo fueron suficientes para dañar aún más a un Poder del Estado históricamente cuestionado. El fujimorismo en el Poder Judicial no estuvo en la cúpula de las instituciones vinculadas a la administración de Justicia. Resultaba más importante tener jueces de primera y segunda instancia capaces de resolver los casos de su interés. El núcleo que logró mayor importancia fue el de los jueces que integraron una famosa salita de “derecho público”, en la que debían verse todas las acciones de amparo o habeas corpus, relacionadas con los derechos constitucionales.
El desaparecido periodista Raúl Wiener sostenía: “Estos eran dos jueces de primera instancia que terminarían por hacerse famosos: Percy Escobar y Víctor Raúl Martínez Candela, por los que pasaron algunos de los casos más controversiales de los 90, y cuyos fallos iban a una sala especial presidida por el vocal Sixto Muñoz, que también era de la mafia, donde terminaban resolviéndose todas las acciones llamadas de ‘puro derecho’ o cautelares, con las que podía definirse la posesión de bienes en disputa o la libertad de las personas”.
Red de corrupción
Por su parte, el historiador Alfonso Quiroz sostenía que con Alberto Fujimori iniciando su gobierno en 1990, “Montesinos (el asesor del SIN Vladimiro Montesinos) diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales, funcionarios de cárceles y oficiales de policía”. Con esa red manipuló el aparato judicial para castigar e intimidar a los medios de comunicación. Producido el autogolpe de 1992 y luego de la purga judicial dispuesta por Fujimori, “Para liderar este sistema judicial abierto a la prevaricación y (el) cohecho, el juez Luis Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Colán fue designada fiscal de la Nación”. En las condiciones políticas creadas por el golpe de Estado, el “embajador Anthony Quainton” consideró “que el ataque de Fujimori al Poder Judicial era una buena oportunidad para influir en materia de reformas favorables a los intereses de Estados Unidos”. El embajador estadounidense no vaciló en reportar a Washington: “Perú está dirigiéndose en una dirección que es consistente con nuestros intereses de largo plazo”.
Diario Uno, 06.08.2017
