Por José Luis Ayala, escritor
Toda reforma educativa es una acción política con un evidente contenido ideológico. Sobre todo, significa una acción histórica, ética y política, destinada a refundar el Estado, la República y la sociedad peruana. Sin embargo, es preciso preguntar cuántas reformas de educación hemos tenido.
La primera se hizo en 1920 en pleno auge del civilismo durante los gobiernos de Leguía. Todo empezó con el debate entre Alejandro Deustua y Manuel Vicente Villarán. La educación para entonces debía poner un marcado énfasis en el desarrollo económico. José Carlos Mariátegui expuso una tesis desde la dialéctica y el socialismo. La reforma educativa civilista estuvo asesorada por el norteamericano Edwin Bard, quien creó regiones educativas y nombró a compatriotas suyos como directores. José Antonio Encinas criticó la reforma con razón, señalando que nada podían hacer los paisanos de Bard, si desconocían la realidad educativa peruana.
La segunda reforma importante se realizó en 1945, durante el gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero. Se trató de una acción educativa destinada a preservar la democracia como sistema de gobierno. El ministro Luis E. Valcárcel hizo todo lo posible a fin de que la educación sirviera para formar nuevas generaciones para el desarrollo social. Durante el gobierno neofascista del general Manuel A. Odría, el general Juan Mendoza Rodríguez, como ministro de educación, impulsó el Plan Nacional de Educación (1948-1959). El Servicio Cooperativo Peruano-Norteamericano de Educación (SECPANE) tuvo una marcada influencia ideológica; convirtió al sistema educativo en una forma de educar para obedecer.. El odio a la memoria social y cultivo a la identidad nacional desvirtuó la labor pedagógica de los Núcleos Escolares Campesinos. En 1951 el Instituto Pedagógico de Varones, a cargo de Wálter Peñaloza, desarrolló una propuesta pedagógica renovadora desde los predios de la pedagogía moderna.
El general Juan Velasco Alvarado, a partir de 1968, implantó una reforma educativa en base a la prédica de Augusto Salazar Bondy y la doctrina pedagógica de Paulo Freire. Pero tuvo la resistencia del magisterio, como de la oligarquía y partidos de derecha política, que finalmente lograron vencer y desechar una doctrina pedagógica destinada a fortalecer el .cambio de estructuras. El general Morales Bermúdez, en 1975, se encargó de liquidar la reforma de la educación y el proceso político revolucionario de las Fuerzas Armadas Peruanas.
Con la elección de Alberto Fujimori Fujimori, el 28 de julio de 1990, se instaló el neofascismo posmoderno e imposición de la política económica neoliberal. La llamada reforma educativa de Fujimori a través de la Constitución de 1993, proyectada durante los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, fue una determinación expresa de orden económico, político e ideológico de la banca internacional. No es el presidente del Perú, ni el Congreso nacional y mucho menos el ministro de Educación quienes determinan cómo debe ser la reforma de la educación, sino el FMI, BM, BID, GTZ, PNUD y la CONFIEP. Así, no hay necesidad de que los ministros de Educación hayan sido docentes ni tengan experiencia pedagógica. Por lo general, los ministros son tecnócratas que obedecen las reglas establecidas con la ayuda de los lobbies, también llamados “Los ángeles de Charly”. Los lobbies nunca duermen, jamás descansan, saben lo mínimo de cada ministro y están dispuestos a suministrar datos secretos que necesitan las transnacionales para las que trabajan.
La reforma de la educación es una imposición, no es una creación histórica con participación del magisterio nacional. Nada tiene que ver con la realidad educativa y mucho menos con la necesidad de un histórico proceso de descolonización, descentralización, etc., etc. No es el resultado de una propuesta a largo plazo destinada a dignificar al magisterio. Carece de fundamentos epistémicos para reconstruir una sociedad dañada por la pobreza social. No tiene en cuenta la necesidad de refundar el Perú y crear un nuevo sistema educativo para el siglo XXI.
El ministro de Educación Idel Vexler, en noviembre de 2016, en una columna de opinión en el diario El Comercio señaló: “Se ha puesto en marcha una gran reforma educativa que no tiene su correlato con la realidad”. Pero además: “Una reforma exige el diseño y ejecución de un plan educativo integral y sostenido, con objetivos, políticas, medidas, metas y estrategias que impliquen cambios efectivos y favorables en los indicadores y factores inherentes a la calidad y equidad del sistema educativo nacional”.
Se trata de una crítica frontal a la esencia de la reforma. Sin embargo, ahora al momento de asumir el cargo de ministro, se refirió a que no había necesidad de hablar de refundación del sistema educativo, sino de.continuidad y cambio. ¿No es acaso un galimatías de parte de un reputado maestro peruano? ¿Tanto puede cambiar a un ideólogo de la educación un sueldo de treinta mil soles? Entre continuidad y cambio hay una enorme distancia significativa. Ambas palabras tienen distinto valor semántico. Poseen un sentido contrapuesto. Todo indica que Idel Vexler, después de ser ministro de Educación en los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, hará más de lo mismo, es decir, nada.
¿Qué hacer entonces frente a esta reflexión del ministro de Educación? La respuesta consiste en aceptar que ha llegado la hora histórica. El magisterio nacional debería presentar un proyecto de reforma frente a la desfasada reforma educativa neoliberal. No es una tarea fácil, tampoco un trabajo exclusivo de maestros de primaria y secundaria. Debería necesariamente involucrar a las universidades, a los académicos, editores, historiadores, escritores, periodistas. Sobre todo a quienes tienen experiencia pedagógica en el aula. Se trata sin duda de un desafío, y el magisterio nacional está preparado para el gran reto de la historia.
Lima, setiembre 2017
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