Recompuesto el Gabinete ministerial, evidenciando por enésima vez que el Ejecutivo no tiene un rumbo político claro, que no sea salvar circunstancialmente el pellejo hasta la próxima crisis, las tintas volvieron a cargarse respecto al indulto a Alberto Fujimori.
Fue ocasión para volver a escuchar la letanía de la inexistencia de un argumento jurídico válido sin que menoscabe el estado de derecho. Pero, PPK ya había adelantado temerariamente que el asunto era, en realidad, «médico», abriendo nuevamente la posibilidad de que ocurra en un plazo más o menos inmediato. “Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”, señaló el Presidente.
Más allá de la sorprendente manera como el Mandatario presentó su argumento, sin asidero lógico alguno, queda pendiente una cuestión decisiva que no es legal ni médica, sino política. ¿Cuál es la necesidad de PPK para sacar a Fujimori de prisión, aun cuando no procede dada la naturaleza de los delitos por los que ha sido condenado?
Una primera consideración es que Keiko Fujimori, aunque nunca fue transparente, consideraba que su padre no debía ser indultado porque no había nada que perdonar en su caso. Precisando, afirmaba que la libertad de Alberto Fujimori debía darse mediante la vía legal y constitucional.
El procedimiento es explicado por el constitucionalista Aníbal Quiroga. Señala que ni el indulto ni la amnistía pueden darse, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, afirma que la sentencia a Fujimori sobrecalificó la tipificación de los delitos, convirtiendo el homicidio calificado y secuestro agravado en delito de lesa humanidad.
Esto fue un exceso, dice Quiroga, porque esta sobrecalificación “no consta en la autorización de la extradición chilena, ni en la denuncia penal subsecuente, ni en la acusación del fiscal que debe ser parámetro de la sentencia”. Luego, el Tribunal Constitucional revisaría el caso con un habeas corpus y, salvo el voto del magistrado José Luis Sardón, el fallo mayoritario confirmó la condena por lesa humanidad.
Ante este escenario, el constitucionalista plantea que la única solución jurídica pasa porque el Perú eleve una consulta vinculante a la CIDH para que sobre la base de su interpretación de la Convención y su jurisprudencia, defina la procedencia del indulto en el caso de AFF, con todos los antecedentes de su singular caso.
Como vemos, la vía jurídica está prácticamente cerrada y, por lo mismo, la idea de Kenji Fujimori –indulto humanitario– está fuera de lugar, así como todas las modalidades que remiten de una u otra forma a las condiciones de salud del reo como causa suficiente, incluyendo la de PPK.
Sin embargo, surgió un amague que esperó reacciones para buscar dar un segundo paso en la dirección que sugería. Otro constitucionalista, Enrique Bernales, planteó que “La humanidad no está por debajo de lo legal. Lo legal está subordinado al servicio de la humanidad. Mucha gente cree que hay que aferrarse a la ley aunque la ley mate, y eso es la negación de la individualidad y de la naturaleza del ser humano. Ahí tenemos que ser claros y tajantes, le guste a quien le guste. Y si no les gusta a otros, pues allá ellos”. Como vemos, allí es donde parece inscribirse la peregrina posición presidencial del «indulto médico».
El defenestrado premier Fernando Zavala había declarado que el indulto a Alberto Fujimori no formaba parte de la agenda política del gobierno, en junio de este año. Tremendo error. Por supuesto que debió estar en la agenda del Ejecutivo y a estas alturas debe tener muy presente por qué. Que el tema fuera una prioridad política no significaba que el gobierno estaba obligado a excarcelar a AFF.
En otras palabras, lo que el expremier y el Presidente de la República debieron tener claro era que se indulte o no a Alberto Fujimori, el comportamiento de la bancada fujimorista no variaría sustancialmente, Kenji Fujimori no arrastraría tras de sí a un número significativo de congresistas de Fuerza Popular, ni las relaciones Ejecutivo-Legislativo serían diferentes. En suma, lo que tenía que comprender PPK es que el problema fundamental es su débil gobierno.
La administración gubernamental de PPK se deshace por sí sola justo cuando le toca manejar una economía que pasa del enfriamiento a la frigidez, mostrar capacidades para gestionar la reconstrucción del norte y, sobre todo, sortear los tremendos impactos que provocan los sucesivos indicios y pruebas de alta corrupción que comprometen a sus antecesores y, susurran algunos, a él mismo. En todo caso, vaticinan que luego de la visita del Papa, en enero, todo cambiará. Así sea.
desco Opina / 29 de setiembre de 2017
