Es claro que no existe ninguna ruta posible que permita jurídicamente –respetando las leyes y la Constitución– indultar al expresidente Fujimori por los crímenes cometidos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de ser indultado por razones humanitarias. Esto es, acogiéndose a lo reglamentado en el Perú para los reclusos con enfermedad terminal o con grave enfermedad que las condiciones carcelarias agraven, lo que debe ser demostrado. En ningún caso es esa la situación para la aplicación discrecional del Presidente de la República a Fujimori, quien además nunca ha mostrado signos de arrepentimiento ni ha pagado un centavo de la reparación civil que le fijó el Poder Judicial.

 

Todo parece indicar que los ánimos del gobierno han cambiado y la postura del Presidente Kuczynski ya no es la de un «no» al indulto, claramente fijada cuando fue candidato, ni cuando asumió la presidencia de la República hace más de un año. Ahora abre la posibilidad a lo que ha llamado un «perdón médico» que no existe en el Reglamento de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

Muy difícilmente la historia podrá registrar un hecho así como un inexistente “perdón médico” a la aplicación de una decisión discrecional, que sería un error político de gran ingenuidad que provocaría más perjuicios al gobierno y –sin duda– malestar a nuestra nación, que algún avance en la reconciliación en el marco de la ley y la justicia.

El caso, por otro lado, adquirió las dimensiones de un sainete de baja estofa cuando hace pocos días, por decisión del nuevo ministro de Justicia, se modificó la composición de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales al colocar como presidente de la misma al señor Orlando Franchini Orsi, un exempresario maderero y ferretero jubilado, sin ninguna experiencia en esta materia, quien a sus 92 años de edad aparece en la escena como una broma de mal gusto que concluye con su pronta renuncia y declaraciones del Ministro de Justicia negando el probable indulto.

Nadie puede suponer sensatamente que la aplicación del indulto beneficie el hasta ahora decepcionante gobierno de PPK, y que con ello cambie la opinión de la ciudadanía sobre la escasa popularidad del presidente y su gabinete ministerial. Menos en el horizonte de gobierno restante.

Menos ahora cuando sin grandes críticas, el Congreso ha otorgado mayoritariamente su voto de confianza al gabinete Aráoz que ofrece realizar una «revolución social» en la que muy pocos confían. Y menos las fuerzas de izquierda que votaron en contra. En todo caso, más allá de la confianza otorgada, la mayoría de Fuerza Popular podrá continuar dificultando la acción del Poder Ejecutivo que hasta ahora, por sí mismo, ha sido incapaz de organizar un buen gobierno.

Más bien, tal vez tras bambalinas, en este otorgamiento de confianza al nuevo gabinete pudiera estar un disimulado acuerdo político sobre el tratamiento futuro del affaire “Lava Jato” en el que están implicados de distinta manera Keiko Fujimori, el líder aprista Alan García, y el propio presidente Kuczynski.

Las ocurrencias políticas en las próximas semanas probablemente permitirán evaluar mejor las motivaciones que llevan al gobierno a encontrar un mejor momento para otorgar un indulto, que de producirse, tendrá grave repercusión nacional e internacional. Por lo pronto ya ha sido calificado como una traición al electorado que respaldó la candidatura de PPK y un insulto a la ciudadanía, en particular a los familiares de las víctimas de asesinatos y desapariciones durante el régimen del autócrata, ahora encarcelado en cumplimiento de la aplicación de las leyes que hacen justicia a los crímenes perpetrados.

 

desco Opina / 6 de octubre de 2017