Por Germán Lench Cáceres*
La gran mayoría de proyectos de ley presentados por los parlamentarios que, según el artículo 75º del reglamento tienen fuerza de ley, presuponen la obligación de incluir en cada texto, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que se procederá a estudiar para luego ser aprobada. Lo que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiados y a los perjudicados. Cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.
Sin embargo del 100% de proyectos de ley presentados, casi el 95% carece del análisis y si lo tiene está deficientemente elaborado con datos estadísticos desfasados y falta de supuestos técnicos que los sostengan, fruto del desconocimiento de la realidad por los motivos siguientes entre otros: 1) baja calidad y conocimiento actualizado en materias especializadas de los asesores de los despachos, claro no en todos los casos, 2) falta de experiencia del equipo asesor, y que en los despachos hay una cantidad de empleados por favor político, (muchos de ellos con sueldos recortados) que no conocen las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica que deben brindar.
Si revisamos los proyectos de ley o iniciativas legislativas encontraremos que el análisis costo beneficio dice: beneficios muchos y costos pocos al erario nacional, lo que refleja ignorancia total en temas por legislar y falta de respeto a la majestad del Congreso y a la población; el Presupuesto del Congreso nos cuesta anualmente en promedio S/. 710 millones a los contribuyentes y en los cinco años del período legislativo julio 2016-julio 2021 la cantidad será de S/. 3,550 millones de soles, una cifra nada despreciable que incluye parte de su personal administrativo, asesores técnicos, para que propongan normas técnicas consecuencia de estudios bien elaborados, fruto de un trabajo de investigación riguroso.
Es más, este Congreso ha convertido a las comisiones ordinarias que deben encargarse de estudiar a profundidad los proyectos de ley presentados, en mesas de partes, ya que el equipo asesor que debiera ser experimentado y especializado técnicamente en cada materia, remite los proyectos de ley a los sectores o entes involucrados para que opinen y si esto no ocurre, simplemente, en muchos casos, no se dictaminan las iniciativas y si lo hacen es políticamente o sea, nada.
Ejemplos hay muchos, tenemos proyectos de ley que declaran de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por agua caliente al Sistema Nacional de Programación Gestión de Inversiones-Invierte Perú y el Sistema Nacional de Presupuesto que trata que el dinero del Estado se gaste eficientemente.
Los parlamentarios tienen la obligación de convocar técnicos con experiencia y que trabajen bien. De lo contrario el prestigio del Congreso seguirá por los suelos con una desaprobación del 79% de la ciudadanía. No debe olvidarse que el pueblo votó por el cambio, entonces asuman con responsabilidad su representatividad ante quienes los elegimos.
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20.06.2018
