Bancada Acción Popar Frente-Amplio presentará demanda ante Tribunal Constitucional, pues viola derechos adquiridos de profesores, y desconoce deuda social acumulada
El congresista Yonhy Lescano declaró que el dictamen de reforma magisterial que ha aprobado el Pleno incurre en manifiestas violaciones a la Constitución al rebajar de nivel y reducir las remuneraciones de los profesores de la Ley 24029.
A los maestros del segundo y tercer nivel los baja a la primera escala, y más grave aún : a los maestros del cuarto y quinto nivel (las escalas más altas de la Ley 24029) los coloca en la segunda escala, de ocho escalas, es decir, los hace comenzar de nuevo.
Además del maltrato y denigración, les reduce el sueldo. Así, un docente nombrado del tercer nivel de la Ley del Profesorado con 30 años de servicios que actualmente gana la suma de S/. 1 884 pasará a la primera escala ganando apenas S/. 1 243. Se atropella el artículo 1.° de la Constitución que exige el respeto de la dignidad de la persona, el artículo 24.°, sobre derecho a una remuneración suficiente, y el artículo 26.° sobre el carácter irrenunciable de los derechos laborales, en este caso, el derecho a la intangibilidad del monto de la remuneración que el maestro ha ganado con su carrera, que viene a ser un derecho adquirido.
Lescano, miembro titular de la Comisión de Educación del Congreso, precisó que el dictamen aprobado no dice una sola palabra sobre la deuda social acumulada por la bonificación del 30% por preparación de clases, concepto que se adeuda a los maestros por varios años. En Loreto, esta deuda social asciende a S/. 1 579 millones; en Cuzco, a S/. 81 millones; en Cajamarca, a S/. 885 millones, para citar algunos ejemplos.
Otra conculcación a la Constitución es la norma que retira de la carrera magisterial a los profesores que desaprueban las evaluaciones de desempeño, violándose su derecho al trabajo, cuando lo correcto es que debería haber una reconversión laboral para que realicen labores en otras áreas del magisterio, que no sea el aula, como las áreas administrativas.
El parlamentario indicó que su bancada está preparando una demanda de inconstitucionalidad para que se derogue esta norma lesiva a la dignidad y los derechos adquiridos de los profesores.
