Acerca de los consensos suscritos por el gobierno en materia de salud pública
Herberth Cuba García*
El 18 de noviembre se desarrolló la Centésima Décimo Segunda sesión del Foro del Acuerdo Nacional en el marco de la XIII Política de Estado, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social universal. Esta sesión se realizó a pedido de una serie de organizaciones gremiales, sindicales y de la sociedad civil, para subsanar la falta de consenso y alta conflictividad de la llamada reforma de la salud.
El Acuerdo Nacional contiene una serie de compromisos que se enmarcan en 2 objetivos centrales: lograr el acceso de todos los ciudadanos a la salud y a la seguridad social universal. Sin embargo, el gobierno ha acuñado erróneamente el concepto de aseguramiento universal que lo aleja del consenso logrado en el Acuerdo Nacional. La aplicación de este error es un retroceso porque implica planes de atención médica que no son integrales. El aseguramiento, a diferencia de la seguridad social, solo atiende a las enfermedades incluidas en un plan. Las otras quedan en la disponibilidad del gasto de bolsillo de cada paciente. Hay enorme sufrimiento humano causado por este error. Transformar el aseguramiento universal, creación sin consenso, en seguridad social universal es un primer tema que debe abordar el Acuerdo Nacional.
El compromiso también incluye “promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos”. La participación social es clave debido a que las intervenciones sanitarias se plasman en las personas, las familias y la comunidad a través de conductas humanas, de mentalidades, modelos de consumo, estilos de vida y algunas veces hasta coacción de las libertades individuales (aislamiento o cuarentena). Hay un notorio retroceso que debe ser corregido a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y de sus consejos de nivel nacional, regional, provincial y distrital, para articular, coordinar e integrar a todos los actores sanitarios con carácter vinculante, además de proveer el espacio propicio para la participación social en las decisiones de gobierno en salud. Este es un segundo tema.
El compromiso de “fortalecer un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social”, se refiere al Seguro Integral de Salud (SIS). El SIS, ligado al subsidio de la atención de los pacientes pobres y vulnerables, ha incursionado erróneamente en la cartera de salud pública y también en el pago de profesionales para mejorar la oferta de los servicios de salud públicos. El SIS ahora subsidia las funciones del Estado en desmedro de su población objetivo. El Ministro de Salud ha señalado la necesidad de fortalecer el SIS y convertirlo en un seguro social pleno, es decir, que incluya prestaciones de salud, económicas y sociales. Este es un tercer tema.
Existe escasa inversión pública y privada en salud. Mucha discusión, medias verdades y uso político del tema. El Consenso del Acuerdo Nacional “promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector privado” debe expresarse en hechos. Las obras por impuestos, las asociaciones público-privadas, las tercerizaciones y cualquier otro tipo de participación privada es bienvenida, con honestidad, transparencia y normas claras y específicas. Es necesario eliminar las prácticas mercantilistas y dinamizar las inversiones sanitarias. Este es cuarto tema. Hay más sin duda.
El reto es salir de la polarización y la confrontación. El gobierno debe cumplir los consensos del Acuerdo Nacional que ha firmado. Recuperar el tiempo perdido y construir nuevos consensos para garantizar la salud como derecho humano, en modo solidario, integral y universal.
*Asociación Médica Peruana
