Por Herberth Cuba García
Resultados del operativo “Por una salud de calidad”
Del 28 de mayo al 1 de junio del 2018 la Contraloría General de la República ha realizado un operativo de control llamado “Por una salud de calidad”, cuyos resultados han sido publicados en el mes de julio, en modo coincidente con los acostumbrados cambios políticos y el mensaje del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República. La Contraloría ha señalado que la “finalidad del operativo ha sido contribuir con la mejora en la prestación de servicios de calidad y el correcto uso de los recursos del Estado”, en los hospitales de niveles II y III, y de los diversos componentes del Sistema Nacional de Salud, como el Minsa, Essalud, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La metodología que han usado ha sido la contrastación entre las Normas Técnicas de Salud y la realidad en los servicios de consulta externa, emergencia, farmacia, diagnóstico por imágenes y laboratorio, en los 251 establecimientos de salud que fueron sujetos del operativo, a través de más de mil auditores (1,012) en las 25 regiones del país. El operativo de visita preventiva en los hospitales ha dejado de lado a los establecimientos del primer nivel de atención; es decir, a los puestos y centros de salud, cuya importancia en la solución de los problemas de salud es mayor. Además, el fortalecimiento de estos establecimientos a través de redes integradas de salud (RIS) es parte esencial de la política de salud que implementa el Gobierno.
La lógica de la Contraloría ha sido la aplicación mecánica de las normas técnicas de salud a cada uno de los establecimientos de salud, sin tomar en cuenta la puesta en marcha del trabajo en redes integradas. La creencia de que cada hospital debe recibir mayor financiamiento, más recursos humanos, mejor infraestructura, más equipos de laboratorio y de diagnóstico por imágenes, plantea la exigencia de grandes inversiones en cada uno de estos hospitales por separado para “cumplir la norma”. Sin embargo, impide visualizar el trabajo en redes integradas, que tienen la finalidad de articular y complementar las atenciones de salud —entre las postas y centros de salud y los hospitales, y hasta con el sector privado— para mejorar la eficiencia y la eficacia de la inversión en salud y el cumplimiento de los derechos en salud de la población.
El informe alerta a los titulares de las entidades gubernamentales “sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el logro de sus objetivos institucionales” para obtener “una mejor gestión de los recursos públicos”. Es decir, no se ha evaluado en modo directo la forma como se responde ante las necesidades de la gente; y menos si la respuesta ha sido idónea o no. Esta tarea correspondería a Susalud, cuya función es velar por el cumplimiento de los derechos en salud. Esta atingencia corresponde a una necesaria delimitación de actividades entre la Contraloría General de la República y Susalud. Es indispensable evitar las duplicidades, la redundancia y la falta de especialización.
Los resultados del operativo que ha publicado la Contraloría General de la República confirman una vez más la necesidad de implementar las redes integradas de salud (RIS). Por ejemplo, el 38% de los establecimientos no cumple con la normatividad en consulta externa, y el incumplimiento es mucho mayor en la Policía Nacional y la Marina de Guerra. En promedio, el 43% de las emergencias no cuentan con recursos humanos suficientes, aunque la cifra de escasez del 69% en la Policía Nacional es escandalosa e increíble. Hay una falta de 37% de recursos humanos en los laboratorios clínicos. Sin embargo, con relación a farmacias y diagnóstico por imágenes, el informe del operativo no ha consignado datos sobre la escasez de recursos humanos en esas áreas, hecho que dificulta el análisis y la comparación. Por razones de espacio, no nos referimos a otras escaseces que señala el informe y cuya solución, hospital por hospital, significaría una cuantiosa inversión.
La nueva propuesta de redes integradas de salud permite la articulación, cooperación, y complementariedad de todos los establecimientos de salud públicos y privados. El énfasis ya no es el establecimiento de salud, sino la red integrada.
Las escaseces no se miden por hospital, sino por redes integradas. Bajo esa nueva mirada, los niveles de inversión son menores; sin embargo, la eficiencia y la eficacia son mayores.
El informe de la Contraloría General de la República plantea la necesidad del Gobierno y del Congreso de la República de aunar esfuerzos y aprobar el Proyecto de Ley de Redes Integradas de Salud. Y también de complementar el trabajo entre la Contraloría y Susalud, y rediseñar la gestión del Sistema Nacional de Salud.
10 de agosto del 2018
Asociación Médica Peruana
