Por Adrián Levy Pernudo*
El Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) anuncia un plan de ahorro sanitario en los presupuestos de 2013, que incluye la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Miles de doctores y trabajadores del sector han tomado la calle para protestar por los recortes y privatizaciones que se van a llevar a cabo en la región.
El intento de transformación del Hospital Universitario de La Princesa en centro para mayores ha sido la gota que ha colmado el vaso los profesionales médicos. Intento que, de momento, ha fracasado ante los masivos paros y manifestaciones. El consejero de Sanidad de la CAM, Javier Fernández-Lasquetty, anunció un acuerdo con la Junta de Centro del hospital madrileño. De momento, La Princesa no cerrará, pero siguen las movilizaciones porque no hay nada firmado. El trato consiste en una reducción de presupuestos y programas de especialización para personas mayores a cambio de mantenimiento de servicios y de población de referencia a la que atiende.
Frente a esta situación donde médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y otros trabajadores públicos desconocen su futuro, la sanidad privada ha duplicado su tamaño en los últimos 10 años. Aseguradoras y grupos hospitalarios obtienen beneficios. “Las clínicas privadas somos ya el 30% de toda la sanidad en valor económico”, aseguraba José Ramón Rubio, vicepresidente de Quirón. Y las sociedades de capital riesgo, aquellas que especulan con todo aquello que sea jugoso, ya tocan el timbre de la Sanidad.
En 2008, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre inauguró los 6 hospitales que pasarán a ser gestionados por empresas privadas. Es un negocio rentable y muchos temen que la salud de los pacientes ya no atienda, de manera exclusiva, a criterios médicos. La vida de cada enfermo podría depender de los costes económicos que suponga salvarla.
España invierte en salud el 9,7% del PIB entre Sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%), una cifra inferior a la de Alemania o Francia, según datos de la OCDE. El Sistema Público de Sanidad cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, por debajo de la media europea. La sanidad no debiera tomarse como un gasto sino como una inversión. Según datos del Banco Mundial, España está entre los países con mejores indicadores de salud.
Algunas voces defienden la gestión sanitaria privada mientras que no suponga ningún cambio para el paciente. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, es uno de ellos. “No debemos confundir el modelo de gestión con la prestación sanitaria que recibe el ciudadano. Cualquiera que sea el modelo de gestión, y en Madrid hay muchos distintos, el ciudadano recibe el mismo servicio”.
Estas voces parecen ignorar que la Sanidad la paga cada ciudadano con sus impuestos. Olvidan que una empresa privada busca el beneficio económico por encima de cualquier otro interés. Y omiten aplicar su mismo argumento en otros gastos que corresponden al Estado.
El profesor y economista John Kenneth Galbraith, resumía en los años noventa en su libro La Cultura de la Satisfacción, la disputa por la Sanidad que hoy atañe a la nuestra sociedad: “Ciertas funciones y servicios públicos cuentan con la aprobación de la mayoría satisfecha. La Defensa es el caso más claro y también el apoyo a instituciones financieras en quiebra”. El autor norteamericano concluía: “Si las asignaciones para estas operaciones de rescate se hubiesen aplicado a gastos públicos en servicios sociales, se habrían considerado abrumadoras y absolutamente intolerables.”
Las últimas semanas son convulsas en la capital madrileña, con paros y huelgas para proteger uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Ese al que se sumó España treinta años más tarde que sus vecinos europeos. Ese en el que somos más eficientes. Ese que no se puede dejar en manos del laissez faire.
*Periodista, Centro de Colaboraciones Solidarias ccs@solidarios.org.es Twitter: @CCS_Solidarios
