Sobre el nuevo ministro de Salud y la agenda de cambios que requiere ese Sector
Por Herberth Cuba García*
Luego de la juramentación del nuevo ministro de Salud, Aníbal Velásquez, la pregunta es: ¿qué será de la reforma de salud; continuará, se modificará en algo? Su antecesora ha reiterado que ella ha dejado el proceso blindado con su sucesor, pues queda el mismo equipo. El nuevo ministro ha sido enfático al sostener que lo continuará. Sin embargo, señaló que ha concluido una primera etapa y que ahora empieza otra nueva. ¿Cuáles serán las prioridades de esta nueva etapa? Todavía no lo sabemos.
Las primeras declaraciones han bosquejado una mayor preocupación por los aspectos sanitarios y de recursos humanos, por el fortalecimiento del rol rector y de la autoridad sanitaria nacional y por un rediseño de la prioridad del gasto en salud.
Parece que hay un cambio de prioridades con énfasis en la salud pública. Ha planteado la modificación y rediseño de las estrategias sanitarias a través de un trabajo técnico en equipo, cuya aplicación debe empezar en el mes de enero del 2015. Por ejemplo, la estrategia sanitaria de lucha contra la tuberculosis, (aplicando la nueva ley), el impacto de la vacunación infantil, las enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos, roedores y otros), la mortalidad materna y la desnutrición infantil, entre otros, son aspectos de salud pública que han merecido su preocupación. Es necesario fortalecer la oferta de servicios hospitalarios y de los establecimientos del primer nivel de salud para cumplir ese encargo. No bastan sólo las normas. Es necesario que alguien haga las cosas.
La norma del Seguro Integral de Salud (SIS) debe ser modificada y reorientada. Es necesario alinear su financiamiento con las necesidades de la gente, y ésto implica una nueva reforma del subsidio para la salud pública. Por ejemplo, el SIS subsidia la salud pública sólo para sus afiliados. Esto es contraproducente porque debería hacerlo para todos los peruanos, sin ninguna distinción. Es necesario invertir en atacar a las enfermedades infecto-contagiosas, para evitar su difusión y contagio que representan pérdidas de vidas, discapacidad y mayor gasto público o privado. Pretender fortalecer el intercambio prestacional con otros sectores o sistemas de seguros (Essalud, Sanidades Militares y Policial y privados), en este rubro es inaplicable. El Estado no puede abandonar ese rol.
Ha planteado modificar y fortalecer la autoridad sanitaria nacional y el rol rector del MINSA para que, entre otros, pueda intervenir en las regiones. Hoy sólo lo puede hacer si se declara en emergencia sanitaria la región. Es un despropósito. Es necesario que los indicadores sanitarios se cumplan. Estas modificaciones legales no deben violentar el proceso de descentralización, tomando en cuenta que el Perú es un Estado unitario. Eliminar el aislamiento sanitario significa en la práctica corregir los decretos legislativos de la llamada reforma de salud.
Sin embargo, hay aspectos a los que no se ha referido con palabras, aunque pareciera que si con hechos, y se relacionan con los temas de los grupos de trabajo de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que investigan presuntos actos de corrupción de la gestión de su antecesora. ¿Habrá más cambios de funcionarios?
Finalmente, si la reforma continúa, se detiene o se rechaza, parece más una discusión formal. Lo cierto es que hay que corregir. La salud pública se mide con indicadores de impacto y de satisfacción de los ciudadanos y estos no son buenos. La participación del sector privado es natural y necesaria. Nadie la cuestiona si es transparente y honesta.
*Asociación Médica Peruana, 14.11.2014
