Se necesita asegurar flujo y disponibilidad de medicamentos en farmacias públicas.
Herberth Cuba García
El Ministerio de Salud (Minsa) tiene en Lima Metropolitana 380 establecimientos de salud: 17 hospitales, 7 institutos, 192 centros y 164 puestos (postas). La administración de todos ellos está a cargo de un Instituto de Gestión (IGSS) creado por DL 1167 el año 2013. El Minsa ya no administra directamente ningún establecimiento. En su momento se ha criticado como innecesaria la creación de esta nueva burocracia. Ahora, transcurrido el tiempo, podemos analizar algunos resultados y ponderar el costo impacto de esta creación de la llamada reforma de salud.
La queja más común de los usuarios del Seguro Integral de Salud (SIS) es la falta de medicamentos en las farmacias públicas, situación que los obliga a comprarlos con su dinero en farmacias privadas. Aunque el SIS está obligado por ley a financiar la entrega gratuita de los medicamentos recetados en los establecimientos de salud, ya no lo hace. Antes ni siquiera se podía digitar la ficha de atención del usuario (documento fuente para el reembolso del SIS) si es que en ella no se acreditaba la entrega del medicamento. Esta prohibición también ha sido suspendida por el propio SIS. Es decir, la administración ha sido adecuada a la escasez y a la afectación del derecho de los asegurados.
Contrario a la propaganda oficial que justifica la reforma de salud y la creación del IGSS, los establecimientos a cargo de éste ofrecen un porcentaje de disponibilidad de fármacos catalogado como bajo. Si consideramos que el gasto en medicamentos representa el 40% del gasto total de la atención médica, graficamos la magnitud del daño y afectación a los usuarios.
Además, la llamada reforma de salud ha separado en varias instituciones la responsabilidad del suministro del medicamento. Una institución fija las normas y reglamentos, otras financian la compra desde diferentes fuentes y con propósitos distintos, otras ejecutan las compras nacionales, otras las compras regionales, otras las hospitalarias y otras las de las redes de salud. Diferentes instituciones se encargan de la distribución. Y finalmente los establecimientos de salud administran las farmacias. Mientras tanto, otra institución fiscaliza a las farmacias públicas. Es decir, el resultado de la reforma es más burocracia, mayor dispersión de la responsabilidad, desabastecimiento y afectación de los derechos de los usuarios, a pesar de que hay más dinero que nunca.
Cuando las más de ocho mil farmacias a cargo del IGSS y los gobiernos regionales están bien abastecidas y con precios baratos, empujan hacia abajo los precios de los medicamentos en el mercado nacional. La escasez produce exactamente lo contrario: alza de los precios.
El ministro de salud debería desprenderse de la pesada mochila que le ha dejado su antecesora, no sólo en el aspecto ideológico y normativo sino también en recursos humanos. Es necesario articular a todas las instituciones para asegurar el flujo de los medicamentos y su disponibilidad en las farmacias públicas.
También es necesario elaborar un instrumento ágil y simple que contenga un manual de evaluación, estándares y un aplicativo informático sobre la disponibilidad de medicamentos en todo el sistema de salud. Sin información no hay dirección ni control. El Minsa, como órgano rector, debe tener la capacidad de intervención inmediata para salvaguardar la vida y la salud de todos los peruanos.
ASOCIACION MEDICA PERUANA
17 de abril del 2015
