Herberth Cuba Garcia*
Informalidad y débil liderazgo impiden construir o mejorar hospitales públicos
Al inicio de su gobierno, el presidente Ollanta Humala se ratificó en la propuesta electoral de construir un hospital en cada provincia del país. Esto significa 196 hospitales adicionales, pero además planteó ampliar la capacidad de 748 establecimientos ya existentes en los 25 gobiernos regionales, llamados eufemísticamente estratégicos. Estos establecimientos engloban 170 hospitales, 440 centros de salud con internamiento y 138 centros de salud sin internamiento. La propuesta, sin ser ambiciosa, fue recibida con beneplácito. Basta recordar que esa cifra es pequeña frente a los 8 mil establecimientos de salud que existen en nuestro país.
En 42 meses de gobierno no se ha avanzado y cada vez es más difícil cumplir con la promesa gubernamental. El Ministerio de Salud ha demostrado una baja ejecución del gasto en inversiones (45%) debido a que el débil liderazgo de la gestión NO arrastra a los gobiernos regionales y locales.
Se ha debatido mucho sobre la capacidad nacional y regional para producir proyectos de inversión a gran escala, la escasez de equipos y de especialistas para la formulación y evaluación de los mismos. Asimismo, hay dificultades en el diálogo necesario con las poblaciones para lograr su aceptación y participación en la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, el llamado permiso social. Es obvio que la construcción hospitalaria genera un impacto en el ecosistema social.
Se promulgó además el DL 1157, en el marco de la llamada reforma de la salud, con la finalidad de normar, ordenar y aprobar, a través de comités regionales y nacionales, la priorización y ejecución de obras. Paradójicamente esta norma han creado nuevos requisitos y permisos que dilatan plazos y potencian la acción centralista de Ministerio de Salud. Y por si fuese poco, hasta la fecha no tiene reglamento.
Para ampliar la capacidad de los establecimientos estratégicos, es esencial el saneamiento legal de las propiedades de esos inmuebles. Parece increíble que la informalidad inmobiliaria del Ministerio de Salud sea una de las principales trabas para la inversión. Por ejemplo, a la fecha, de los 748 establecimientos seleccionados como estratégicos, 271 no tienen saneamiento físico legal. Es decir, han quedado excluidos de la inversión pública y privada. Han pasado 42 meses de gobierno y el Ministerio de Salud no ha podido cumplir con los procedimientos notariales, registrales y municipales de hospitales y centros de salud que ya funcionan como tales. Aunque parezca increíble, solo hay en ejecución 14 obras en los gobiernos regionales.
El saneamiento físico legal es imprescindible y urgente. Urge crear una unidad con recursos financieros, con autorización para gastos notariales, registrales, planos, memorias descriptivas, entre otros, con responsabilidad y liderazgo del Ministerio de Salud y con el acompañamiento de los gobiernos regionales y los directores de las redes de salud.
La discusión de la modalidad de la inversión pública, sea propia o mediante alianzas con el sector privado, tipo asociación público-privada (APP) u obras por impuestos (OxI) es ociosa, cuando el propio Estado es incapaz de formalizarse. El saneamiento físico legal permitirá dinamizar la inversión privada y pública. Por lo pronto, 271 establecimientos de salud esperan su título de propiedad. La tarea es mayor porque el Perú tiene más de 8 mil establecimientos de salud, y como es obvio, todos deben tener sus propiedades debidamente formalizadas.
El tiempo del gobierno se agota y los compromisos asumidos con la ciudadanía apremian. Es necesario un viraje hacia la eficiencia y la eficacia. El nuevo ministro debe asegurar ese liderazgo para cumplir los compromisos de inversión ofrecidos para disminuir la brecha de las necesidades de salud de nuestra población.
*Asociación Médica Peruana
