Tras la denuncia del presidente de la Federación Médica Peruana (FMP) César Palomino, quien alertó que la ministra de Salud Midori de Habich ha adquirido vacunas orales (en lugar de intramusculares), que ya no se emplean en países desarrollados por presentar peligro de contagio, el ministerio de Salud (Minsa) difundió una aclaración que oculta este peligro.
Según el Minsa, aplicará un plan combinado de dosis orales e inyectables las cuales son avaladas, según ellos, por científicos.
Con Nuestro Perú consultó con la FMP si este plan combinado elimina el riesgo de contagio, inquietud que fue absuelta por el doctor Godofredo Talavera, quien reiteró que las vacunas orales presentan riesgo de contagio para los niños.
Si bien es cierto que sustituir parte de las dosis combinando con presentación intramuscular disminuye el riesgo, éste no desaparece de ninguna manera mientras el plan continúe incluyendo dosis orales, las cuales ya no se emplean por este motivo en países que protegen a sus niños, como es el caso de los de Europa y los Estados Unidos, pues con las dosis orales todavía hay riesgo de contraer la enfermedad, advirtió Talavera.
Como se sabe, el doctor Palomino denunció que De Habich, contraviniendo las recomendaciones médicas, adquirió dosis orales para ahorrar, sin importarle la salud de los menores.
Lo único que se espera del ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, es que se ordene a la señora De Habich incinerar las vacunas orales.
¿Experimento con seres humanos?
Hay que preguntarse si la contumacia de De Habich en administrar a la niñez peruana las dosis orales responde a algún tipo de experimento en seres humanos, pues esta señora trabajó en programas financiados por la USAID, organización involucrada en experimentación con seres humanos, a la cual sospechosamente se le ha permitido intervenir en programas de salud en el Perú.
La USAID ha sido expulsada de otros países por su siniestro comportamiento, comparable con el de la CIA.
Como se recuerda, el TLC con los Estados Unidos protege a las compañías farmacéuticas que investigan con seres humanos y no a los seres humanos, como denunció el doctor Uriel García, exministro de Salud del gobierno de Fernando Belaunde, quien alertó que si en un protocolo de experimentación de un fármaco, por ejemplo un paciente muere, ni siquiera un juez puede solicitar información de las sustancias que le han suministrado a la víctima, pues por el TLC se considera secreto, como si se tratase de una máquina y no de una vida humana.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo, con la ministra Pilar Mazetti, se perpetró experimentos en bebés, que hasta ahora sufren las secuelas. Su política de desprotección del paciente frente a los experimentos llegó a su máxima expresión durante el segundo gobierno de Alan García, con la complicidad del mafioso ministro de Salud Carlos Vallejos. Ambos firmaron un decreto supremo que quitó el seguro a los pacientes objeto de experimentos y se autorizó a que irresponsablemente se emplee a gente pobre en los experimentos.
Por ejemplo, se eliminó la firma de testigos y la obligación de información completa, con el agravante de que hay parte de los peruanos que no pueden entender por ser exclusivamente quechuahablentes. Esta norma infame no fue modificada ni anulada por el gobierno humalista, autoproclamado de la “gran transformación”.
Actualmente a los pacientes no les pagan por experimentar con ellos, sólo se favorecen mercantilistas que lucran aplicando fármacos financiados por transnacionales farmacéuticas, incluso utilizando infraestructura del Estado y de Essalud, como hace la mafia de Geco, creada por el mafioso aprista Carlos Vallejos.
Las llamadas organizaciones de derechos humanos tampoco exigen la expulsión de la USAID, pues varias de esas ONG viven de su financiamiento y todo lo que hacen o dicen tiene que sujetarse a los intereses de la USAID.
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