Estado paga culpas de las AFP
Ley de libre desafiliación: otro negocio para chilenos a costa de los jubilados
Antes de que Alan García postule a la presidencia, en el 2006, en forma sistemática el APRA boicoteó la ley de libre desafiliación, pues sus congresistas abandonaban el Congreso a la hora de la votación, lo que condujo repetidamente a la frustración de la promulgación.
La escopeta de dos cañones
Sin embargo, cuando los trabajadores afectados comenzaron a realizar marchas para reclamar la promulgación, el APRA tomó esta ley como promesa electoral, la cual era constantemente proclamada por Alan García. Como siempre, el falso discurso, una vez en el poder, el APRA ha postergado la promulgación de la ley, y cuando finalmente anuncian haberla aprobado este 9 de marzo, la verdad es que la bancada aprista se volvió a burlar de los trabajadores, pues la ley tiene restricciones, es decir, no es de libre desafiliación.
Es claro que los lobbies chilenos se han movido para salirse con las suyas, puesto que los capitales chilenos, que están presentes ampliamente en las AFP, serían los principales perjudicados con una libre desafiliación de verdad.
Yonhy Lescano, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso calificó como “discriminatoria” la ley de libre desafiliación de las AFP, pues sólo beneficiará a unos pocos afiiliados en el Sistema Nacional de Pensiones hasta diciembre de 1995". Advirtió que la nueva ley no sirve a los trabajadores que están recibiendo pensiones y que el solicitante deberá cumplir con 20 años de aportación. “Las personas que se afiliaron directamente a una AFP no están comprendidas en el grupo de beneficiados, es decir, no pueden desafiliarse y si ya están recibiendo pensiones de una AFP tampoco”, remarcó.
También señaló que “Las personas que –gracias a esta ley– pueden desafiliarse tienen que haber tenido 20 años de aportación. No estamos de acuerdo con este dictamen, porque no es una ley de libre desafiliación, ni siquiera se conoce cuántos serán los beneficiarios. Tiene que reabrirse el debate en la segunda votación, pues temo que esto no era lo que esperaba la población”.
El congresista Isaac Mekler señala que el Apra debe reconocer que no cumplió su promesa y prevé que la segunda votación se admita sin discusión, porque el APRA y Unidad nacional están de acuerdo en aprobar el texto tal como está, y no es, de ninguna manera, una libre desafiliación de las AFP sino, simplemente, un retorno parcial de quienes ya estuvieron en el SNP. Meckler denunció: “El Apra ha incumplido su promesa electoral y ha disfrazado la libre desafiliación con una norma que no tiene nada que ver con eso. Ellos obtuvieron votos diciendo que iban a luchar por un retiro irrestricto, y creo que ahora deben reconocer que han incumplido. Nosotros cumplimos nuestra promesa".
Las AFP se arriman al estado para afrontar los gastos
Es cierto que el Estado ha usufructuado por muchos años, gobierno tras gobierno, los fondos de la ley 19990, no obstante tener carácter de intangible. Lo que le toca al Estado es pagar lo que debe.
No obstante, en lo tocante al importe faltante correspondiente a la diferencia entre el 8% y el 13 ó 10% de las aportaciones, deberían ser las APF las que afronten este gasto.
Recordemos que desde el principio la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones tenía el deber de vigilar la publicidad de las AFP, sin embargo permitió que éstas engañen al público haciéndole creer que su pensión sería mayor que en la ley 19990. Es justo que el Estado asuma la responsabilidad por permitir esta mentira. Además, debería solicitar que las AFP indemnicen al Estado por afrontar estos gastos, puesto que recibieron a trabajadores de mala fe, es decir, sabiendo que el nuevo sistema no era conveniente para ellos.
Otro punto que debe corregirse es la diferencia que debería pagar el trabajador que migra del sistema privado a la ley 19990, es decir, ahora, entre el 13% y el 10% (hasta diciembre 2005, entre 13% y 8% respectivamente). ¿Por qué no es posible que la ganancia generada por el fondo sea considerada parte de la diferencia? Hay que tener en cuenta que al trabajador no sólo se le descontó el 8% (ahora 10%), sino la prima de seguro y la jugosa comisión de las AFP, con lo cual el descuento se acercaba al 13%. Además, las AFP también deberían asumir este costo por su publicidad y orientación personal engañosa. No pueden eludir su responsabilidad, toda vez que cada caso de ingreso de un trabajador al nuevo sistema era asesorado en forma individual.
El proyecto aprobado plantea que el trabajador pague la diferencia que la falta, según el párrafo anterior, en un año. Así es la doble moral: torta grande para los empresarios, las sobras para los trabajadores.
¿De dónde pueden obtener los fondos para financiar estos traspasos?
Podríamos comenzar revisando los contratos mineros y de hidrocarburos, para que nuestra riqueza no sea saqueada por las transnacionales y sus cómplices peruanos. También podría usarse los recursos de la repatriación de los millones de la corrupción fujimontesinista. Además, como se prueba por lo expuesto anteriormente, las mismas AFP tienen culpa por su publicidad engañosa, por lo tanto, deberían afrontar parte del costo del traspaso.
