JNE aprueba referendo por Fonavi
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó por tres votos a favor y uno en contra convocar a una consulta popular sobre la devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), según informó el magistrado Ulises Montoya Alberti, quien precisó que el voto en contra corresponde al presidente del JNE, Enrique Mendoza.
La decisión del JNE cumple con el fallo del Tribunal Constitucional TC), que establece los mecanismos para el proceso de devolución de los aportes de los ex fonavistas, fallo que el JNE se resistía a acatar.
Los miembros de la Asociación de Fonavistas, portando pancartas y banderas, celebraron la resolución en la parte exterior del JNE.
La fecha no está fijada todavía, pero según Montoya, podría ser entre el 1.° y el 3 de mayo de 2009, dependiendo de las coordinaciones que se realicen con el Reniec y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El Fonavi fue creado en 1979 y liquidado en 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori. A partir de ese año los fonavistas se organizaron para conseguir la recuperación de sus aportes. Ante la negativa del gobierno de devolver, solicitaron un referendo, el cual fue denegado por el JNE, por lo cual se vieron obligados a acudir ante el poder judicial y después ante el TC, que finalmente falló a favor de la consulta.
Pese al fallo del TC, el JNE se resistió al fallo. Sólo ahora da marcha atrás en su pertinaz desobediencia.
Andrés Alcántara presidente de la Asociación de Fonavistas, resaltó la decisión, que se produce tras años de negativa del JNE de reconocer el derecho a referendo.
Desde su creación, sólo el gobierno de Fernando Belaúnde cumplió con entregar complejos habitacionales para los aportantes. Posteriormente, tanto el primer gobierno de García como la dictadura fujimoristas, caracterizados por la corrupción generalizada, utilizaron estos recursos para otros fines, no para vivienda.
Pese a ser culpable, el gobierno se negó reiteradamente a devolver los aportes y hasta ahora se niega a entregar el dinero, inisistiendo en otras formas, como bonos y obras de infraestructura.
Esta negativa, tras perjudicar a los aportantes, costará a todos los contribuyentes varias decenas de millones de soles, que es el costo del referendo.
Sin embargo, no se ha informado sobre la sanción a los funcionarios que se negaron a acatar el fallo del TC. No debería ser tan fácil para los funcionarios resistirse a acatar fallos del TC, y que no sean sancionados, lo cual sería un pésimo precedente.