Ante incumplimiento comprobado
Se debe resolver contratos de empresas telefónicas
Se debe resolver contratos de empresas telefónicas
El congresista Yonhy Lescano propuso hoy la resolución de los contratos de concesión con las operadoras telefónicas que faltaron a sus compromisos con el Estado y que, con su incumplimiento, dejaron incomunicado al Perú tras el terremoto del pasado 15 de agosto.
Aseguró que, según os informes presentados tanto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como por el Organismo Regulador de la Inversión de Telecomunicaciones —Osiptel—, existe responsabilidad en algunas empresas operadoras del servicio telefónico, que habrían estado ofreciendo un servicio por debajo de los parámetros permitidos y por no ampliar la capacidad de planta para atender el crecimiento de la demanda.
Para el legislador estas conclusiones no son una novedad, pues permanentemente ha denunciado las condiciones desventajosas para el usuario del servicio telefónico. Lo que llamó su atención es que sobre un mismo tema existan dos conclusiones claramente diferentes en el MTC y Osiptel.
Explicó que mientras el MTC encuentra responsabilidad en Telefónica Móviles y Nextel del Perú; para Osiptel la responsabilidad corresponde a Telefónica Móviles, Telefónica del Perú, América Móvil y Nextel del Perú.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que el Congreso de la República conforme una Comisión Investigadora de lo ocurrido en la telefonía el día del sismo y cuál es la verdadera situación de este servicio público. “No debemos esperar que un nuevo desastre natural nos revele el grado de desprotección en el que nos encontramos los usuarios”, comentó.
Sobre el tema, en la Comisión de Defensa del Consumidor se dio lectura a una moción de orden del día, que solicita a la representación nacional atribuciones de comisión investigadora para llevar adelante indagaciones sobre el colapso telefónico luego del sismo del 15 de agosto.
De otro lado, Lescano dijo estar en contra de la pretendida multa de 350 UIT —monto máximo que permite la actual legislación— a cada operador por su responsabilidad en los hechos antes descritos, pues se trata de una suma irrisoria que las empresas operadoras obtienen en sólo minutos de operación.
“¿Qué representa para Telefónica o Nextel un poco más de un millón de soles si ese monto lo recuperarán fácilmente con las onerosas tarifas que cobran a los usuarios?, además, se sabe que inmediatamente presentarán una apelación, la llevarán ante el poder judicial y nunca pagarán la multa, como ya ocurrió anteriormente”, señaló.
Al respecto, insistió en que debería resolverse los contratos de concesión con las empresas que le fallaron al país en el grave momento en que la ciudadanía requería de este servicio. Si ya antes han sido revisados y renegociados los contratos de concesión, siempre a favor de las empresas, “¿por qué ahora, de cara a lo acontecido luego del terremoto, no se puede hacer lo mismo y conseguir mejores condiciones en beneficio de los peruanos?”, preguntó.
Para el legislador estas conclusiones no son una novedad, pues permanentemente ha denunciado las condiciones desventajosas para el usuario del servicio telefónico. Lo que llamó su atención es que sobre un mismo tema existan dos conclusiones claramente diferentes en el MTC y Osiptel.
Explicó que mientras el MTC encuentra responsabilidad en Telefónica Móviles y Nextel del Perú; para Osiptel la responsabilidad corresponde a Telefónica Móviles, Telefónica del Perú, América Móvil y Nextel del Perú.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que el Congreso de la República conforme una Comisión Investigadora de lo ocurrido en la telefonía el día del sismo y cuál es la verdadera situación de este servicio público. “No debemos esperar que un nuevo desastre natural nos revele el grado de desprotección en el que nos encontramos los usuarios”, comentó.
Sobre el tema, en la Comisión de Defensa del Consumidor se dio lectura a una moción de orden del día, que solicita a la representación nacional atribuciones de comisión investigadora para llevar adelante indagaciones sobre el colapso telefónico luego del sismo del 15 de agosto.
De otro lado, Lescano dijo estar en contra de la pretendida multa de 350 UIT —monto máximo que permite la actual legislación— a cada operador por su responsabilidad en los hechos antes descritos, pues se trata de una suma irrisoria que las empresas operadoras obtienen en sólo minutos de operación.
“¿Qué representa para Telefónica o Nextel un poco más de un millón de soles si ese monto lo recuperarán fácilmente con las onerosas tarifas que cobran a los usuarios?, además, se sabe que inmediatamente presentarán una apelación, la llevarán ante el poder judicial y nunca pagarán la multa, como ya ocurrió anteriormente”, señaló.
Al respecto, insistió en que debería resolverse los contratos de concesión con las empresas que le fallaron al país en el grave momento en que la ciudadanía requería de este servicio. Si ya antes han sido revisados y renegociados los contratos de concesión, siempre a favor de las empresas, “¿por qué ahora, de cara a lo acontecido luego del terremoto, no se puede hacer lo mismo y conseguir mejores condiciones en beneficio de los peruanos?”, preguntó.
