Soat debe ser administrado y constituido por médicos
Proyecto del Ejecutivo busca beneficiar a las empresas aseguradoras
El ‘Soat Médico', o 'Fondo de Riesgo', es positivo siempre y cuando sean los mismos médicos y profesionales vinculados a la salud los encargados de constituir y administrar este fondo, que busca indemnizar a las víctimas en casos de error, negligencia, impericia u omisión en perjuicio de los pacientes, sostuvo el congresista Yonhy Lescano.
Proyecto del Ejecutivo busca beneficiar a las empresas aseguradorasEl ‘Soat Médico', o 'Fondo de Riesgo', es positivo siempre y cuando sean los mismos médicos y profesionales vinculados a la salud los encargados de constituir y administrar este fondo, que busca indemnizar a las víctimas en casos de error, negligencia, impericia u omisión en perjuicio de los pacientes, sostuvo el congresista Yonhy Lescano.
Al respecto, comentó que en agosto de 2006 presentó un proyecto de ley que propone crear el Fondo de Riesgo del Ejercicio Profesional de la Medicina, al cual deberán aportar obligatoriamente los profesionales y técnicos médicos. Según su propuesta, serán los colegios profesionales, supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros, los encargados de administrar estos fondos.
No obstante, aclara el legislador, el pago de dicha indemnización no implica la responsabilidad del profesional o técnico médico, ya que ésta deberá ser establecida en los procedimientos legales a que hubiera lugar, sino que pretende una inmediata reparación a las víctimas que, en muchos casos, son personas de escasos recursos y se encuentran desamparadas para iniciar un efectivo proceso legal.
Proyecto del Ejecutivo busca beneficiar a las empresas aseguradoras
A diferencia del proyecto del Ejecutivo, que busca beneficiar a las empresas aseguradoras privadas, “nosotros no concebimos a la salud como un negocio que debe dejar utilidades, sino como un derecho al cual todos debemos acceder en igualdad de condiciones, mencionó el parlamentario puneño.
Señaló que su propuesta, a semejanza de lo ocurrido con los Fondos constituidos por las Asociaciones de Transportistas (AFOCATs), busca la inmediata atención integral de las víctimas y sus familiares, debido al incremento de los casos de negligencias e impericias médicas, tanto en clínicas y establecimientos particulares, como en los hospitales y centros de salud estatales.
En cambio, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, tal como está presentado, tendríamos a las víctimas de negligencias y a sus familiares recorriendo todos los días los pasillos de nuestro Palacio de Justicia en busca de ser indemnizados litigando con los poderosos gabinetes de abogados de las empresas aseguradoras, acotó.
Sin embargo, no podemos negar lo que ocurre en nuestra realidad. Son muchas las personas víctimas de lesiones graves a su integridad y salud o, inclusive, la afectación se torna irremediable al quedar en estado vegetativo o morir, lo que resquebraja su entorno familiar, social y laboral y a la sociedad en su conjunto, y a la vez desprestigia las labores médicas, apuntó.
En ese sentido, pidió que cuanto antes su proyecto sea debatido y aprobado tanto en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento (que hoy debió tratar el tema pero no lo hizo por falta de quórum), como por la representación nacional.
No obstante, aclara el legislador, el pago de dicha indemnización no implica la responsabilidad del profesional o técnico médico, ya que ésta deberá ser establecida en los procedimientos legales a que hubiera lugar, sino que pretende una inmediata reparación a las víctimas que, en muchos casos, son personas de escasos recursos y se encuentran desamparadas para iniciar un efectivo proceso legal.
Proyecto del Ejecutivo busca beneficiar a las empresas aseguradoras
A diferencia del proyecto del Ejecutivo, que busca beneficiar a las empresas aseguradoras privadas, “nosotros no concebimos a la salud como un negocio que debe dejar utilidades, sino como un derecho al cual todos debemos acceder en igualdad de condiciones, mencionó el parlamentario puneño.
Señaló que su propuesta, a semejanza de lo ocurrido con los Fondos constituidos por las Asociaciones de Transportistas (AFOCATs), busca la inmediata atención integral de las víctimas y sus familiares, debido al incremento de los casos de negligencias e impericias médicas, tanto en clínicas y establecimientos particulares, como en los hospitales y centros de salud estatales.
En cambio, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, tal como está presentado, tendríamos a las víctimas de negligencias y a sus familiares recorriendo todos los días los pasillos de nuestro Palacio de Justicia en busca de ser indemnizados litigando con los poderosos gabinetes de abogados de las empresas aseguradoras, acotó.
Sin embargo, no podemos negar lo que ocurre en nuestra realidad. Son muchas las personas víctimas de lesiones graves a su integridad y salud o, inclusive, la afectación se torna irremediable al quedar en estado vegetativo o morir, lo que resquebraja su entorno familiar, social y laboral y a la sociedad en su conjunto, y a la vez desprestigia las labores médicas, apuntó.
En ese sentido, pidió que cuanto antes su proyecto sea debatido y aprobado tanto en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento (que hoy debió tratar el tema pero no lo hizo por falta de quórum), como por la representación nacional.
