Código de Consumo acabará con la estafa educativa universitaria

Indecopi también es responsable porque los universitarios también son consumidores.Mercado educativo es el menos transparente y el menos eficiente

El decano del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Comisión que elaboró el proyecto del Código del Consumidor, Dr. Walter Gutiérrez Camacho, opinó que con esta norma se terminaría con la estafa educativa en que consiste la enseñanza en muchos centros universitarios, que no solo afecta a millones de jóvenes y familias, sino que también perjudica los servicios públicos como salud, educación, justicia e incluso resta competitividad, lo cual pone en peligro el desarrollo del país.

“Nada de esto se cumple porque en la práctica nuestro sistema de protección al consumidor, en el mercado educativo, no existe. Este mercado esta compuesto por millones de estudiantes, y es el menos transparente y el menos eficiente. La razón es que se ha liberalizado sin ningún control y sin implementar sistemas de acreditación y supervisión de la calidad educativa. Sin embargo, esta carencia no exime a la autoridad de consumo a evitar que se engañe a los estudiantes con servicios de nula calidad”, refirió.

El decano ratificó, que la enseñanza en muchas universidades consiste en ‘un negocio de engaño’, se ofrece lo que no se cumple, pero igual se cobra a los padres de familia, se les quita el dinero por nada, se trafica con las ilusiones de los jóvenes y con la esperanza de muchos padres. “El Estado no puede permanecer indiferente a esta situación  es urgente que se tomen medidas, la autonomía universitaria no puede ser patente de corso para el engaño. De esta situación no solo es responsable la Asamblea Nacional de Rectores y el Conafu, sino también lo es Indecopi, pues los cientos de miles de estudiantes que están siendo engañados también son consumidores”, acotó.

Gutiérrez Camacho explicó que con el Código del Consumidor todo esto terminará, porque a partir de su aprobación el Estado estará obligado a implementar políticas de protección a los consumidores en los distintos sectores de la economía, en especial en los servicios públicos básicos como es la educación. “Esto se hará a través del informe anual de protección al consumidor que de cuenta del estado de cada sector, y que permita a la autoridad de consumo proponer al Estado la aprobación de estándares objetivos de calidad, que el sistema educativo debe implementar.