La puesta en circulación de tres nuevos manuales del Senasa sobre buenas prácticas agrícolas y aplicaciones de agroquímicos, más el constante monitoreo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resultan el final exitoso de un largo peregrinar de denuncias presentadas por la abogada ambientalista Graciela Gómez ante organismos internacionales, advirtiendo la reclasificación vigente de agroquímicos con una norma obsoleta.
Gómez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), es defensora de un ambiente sano y trabaja en favor de los damnificados por la aplicación de plaguicidas. Una de las acciones de la letrada fue hacer llegar un escrito a diversos estamentos del Parlamento Europeo donde solicitaba la “reclasificación y revisión urgente del glifosato en 2012”.
Las denuncias de Gómez apuntaron contra un funcionario del Conicet firmante del Informe 2009 sobre glifosato, que trabajó para la empresa Monsanto viciando dicho informe; contra el ingeniero agrónomo Augusto Piazza, empleado del Grupo 0 del Senasa y director de la Consultora Dyehuty SRL junto al ingeniero agrónomo Alberto Ettienot y la doctora Viviana Crapanzano, jefa de Toxicología del Hospital Posadas de Buenos Aires, además de integrante del Grupo 5 de la Comisión de Investigación sobre Agroquímicos, empleada del Senasa, profesora en la UBA y asesora de la fábrica de glifosato Chemtec de Paraguay con sede en San Luis.
Como resultado del acuerdo firmado entre la denunciante, el BID y el Senasa, este organismo nacional se comprometió a desarrollar actividades de capacitación y sensibilización sobre el riesgo en la aplicación y uso de dichos productos a los funcionarios, municipios y provincias, aplicadores y a la sociedad civil con la publicación de tres nuevos manuales.
La intervención del BID
Luego de presentada la denuncia con fecha 11 de enero de este año ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) – Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que lleva el N° AR-MICI004/2012, se realizaron decenas de llamados telefónicos y seis reuniones entre las partes: tres en Capital Federal en el mes de mayo, sin llegar a un acuerdo; y tres en julio, donde se llegó a un consenso.
La denunciante, Graciela Gómez, alegó la reclasificación de los agroquímicos vigente con una norma obsoleta que luego se puso a consulta pública y, después de seis meses de finalizada, no tuvo una respuesta desde el organismo. Previo a ello, fue intimando el entonces ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, agotando todo el proceso administrativo y con respuestas evasivas.
“Hoy tenemos la respuesta y, además, un seguimiento y monitoreo constante desde el BID, además de la respuesta formal por mi denuncia, más entregas de los nuevos manuales de Buenas Prácticas Agrícolas de la Unidad de Gestión Ambiental del Senasa y otro manual con el Marco Regulatorio para el Registro de los Aplicadores de Productos Sanitarios en la Argentina, que incluye las leyes vigentes de todo el país”, explicó la abogada. En los próximos días sale un tercer manual.
Nueva clasificación
Gómez recordó que la Resolución N° 302/2012 modificó una parte del Capítulo 20 de la Resolución Nº 350/1999 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, actualizando la clasificación toxicológica de los productos mediante la incorporación de la versión más reciente establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Corresponde a la del año 2009, que es acorde al alcance que el BID exigió, dado el alcance que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) tiene en estos casos.
Acta de entendimiento
El acta de entendimiento firmada entre las partes manifiesta que “no es una base confiable sino sólo una guía para los países, aunque no se basa en los estudios más recientes sobre agroquímicos y no consideran las dosis no letales que son acumulativas, que a largo plazo generan serios daños al medio ambiente y a la salud humana.
Dentro de los compromisos asumidos, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos para evitar potenciales conflictos de intereses de dichos profesionales, para lo cual el Senasa deberá tomar los recaudos necesarios en los currículums donde una cláusula evite faltas de ética y conflictos de intereses.
Asimismo, el Senasa se comprometió a entregar a la doctora Gómez un informe completo con los resultados de la consulta pública. En tanto, el proyecto del BID dará seguimiento a los compromisos asumidos en la presente acta y mantendrá informadas a las partes.
Rubricaron el acta Graciela Gómez (denunciante), Diana Guillen y el órgano jurídico del Senasa; Ricardo Vargas del Valle, por el BID; Ana Luisa Gomes Lima (MICI) e Isabel Lavandez Paccieri (obusdman MICI-BID).
FUENTE: DIARIO NORTE
http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=87200
1 comentario
ESTOS POBRES DIABLOS DE SENASA DEJAN PASAR PESTICIDAS DE CHINA Y LA INDIA Y HACEN PROBLEMAS A DE EEUU ES QUE QUIEREN SU MERMELADA. CUANDO ES POCO NO PASA.COMO SI PERU FUE MAS LIMPIO DE PESTICIDAS QUE EEUU JJEEEJJEJ.