Korrupción con la gran industria de comida chatarra

Entre el 2017 y el 2018 la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso presidida por el fujimorista Miguel Castro encabezó una campaña por traerse abajo el reglamento de alimentación saludable que establece que las grandes industrias de comida “chatarra” estarían obligadas a informar los altos contenidos en grasas, sodio y azúcar con claridad a los consumidores. Desde el 2019 estos monopolios industriales deberán poner en sus productos unos avisos tipo señal de tránsito de “Pare” en forma de octógonos.

 

 

Esta advertencia es muy importante pues permite a los consumidores tener información para actuar evitando el sobrepeso y la obesidad, los que aumentan el riesgo de enfermedades graves como la diabetes, cáncer y males cardiovasculares. En el Perú el porcentaje de sobre peso y obesidad en mujeres adultas ya se eleva al 58 por ciento y en el grupo más pobre esa tasa crece al ritmo de 20 puntos por década: es una epidemia. Pero a pesar de que el Colegio Médico, el Colegio de Nutricionistas, la Organización Mundial de la Salud, un sinnúmero de organizaciones de salud pública y expertos de talla mundial como el Dr. Elmer Huerta salieron en defensa de los octógonos, la mayoría fujimorista aprobó una ley trayéndose abajo esta medida. Solo que, claro, con esas advertencias esos grandes monopolios de comida industrializada verán bajar sus ventas y tendrán que poner algo de sus ganancias en mejorar sus productos en términos nutricionales.

 

INTERVENCIÓN DE KEIKO

La mayoría fujimorista bajo órdenes de Keiko actuaba contra esas necesarias advertencias por interés: era un pago de favores. Gracias al testimonio de Jorge Barata de Odebrecht sabemos que el grupo Romero, dueño del principal oligopolio alimentario del Perú llamado Alicorp, y el grupo Rodríguez Banda, dueños de leche Gloria y de la leche-bamba “Pura Vida” aportaron varios cientos de miles de dólares a la bolsa de 2 millones de dólares de la Confiep en favor de la campaña de Keiko Fujimori el 2011. Claros indicios de que le hicieron el favor a Keiko y que los congresistas de FP les estaban devolviendo el favor. El aporte era tan cuestionable que lo mantuvieron oculto hasta que Barata habló; e incluso después de eso el ex – presidente de Confiep Ricardo Briceño trató de negarlo, pero ya era imposible mantener el engaño.

 

Tenemos ahora más evidencias en este sentido. Sabemos que en la reunión que tuvo Keiko con  Vizcarra, la “señora K” se quejó en contra de las advertencias en forma de octógonos y le pidió al presidente que botara a la ministra de salud por este motivo, asunto revelado por el presidente y que ella ha aceptado. También es seguro que los congresistas no actuaban solos sino que seguían las órdenes de Keiko Fujimori, dadas a veces a través de Pier Figari y Ana Herz de Vega, algo que lo suponíamos pero hoy tenemos pruebas con las copias del chat de “La Botica”.

 

Además hay evidencias de que el congresista Miguel Castro, quien presidió esa comisión supuestamente de “defensa del consumidor” pero que actuaba sin ambages para favorecer a la industria de comida chatarra, era de la confianza del núcleo duro de Keiko: él mismo confesó que emitió recibos falsos y consiguió a otras personas para que emitieran recibos falsos como aportantes de Fuerza Popular, habiendo recibido a cambios préstamos de Yoshiyama. Miguel Castro, además, como muestra de la alta confianza que recibió de Keiko, fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del Congreso y en esa condición votó a favor de que Cesar Hinostroza fuera investigado por crimen organizado, para luego cambiar su voto en el pleno del Congreso, señal de que obedecía las órdenes recibidas al pie de la letra.

 

Visto desde la óptica de los procesos judiciales, en este caso en términos probatorios no solo tenemos los dos extremos del círculo, el aporte a la campaña y el favor político hecho, sino además el involucramiento de Keiko Fujimori y el canal mediante el cual trasmitía las órdenes. El fiscal Pérez podría en este caso intentar probar no solo lavado de activos, sino directamente un delito de corrupción cometido de manera organizada por una banda criminal.

 

REFERÉNDUM

Pensando en el Referéndum, hay acá un claro ejemplo de porqué hay que votar a favor de impedir cualquier financiamiento privado en las campañas electorales. El referéndum es un primer paso en ese sentido, aunque luego habrá que insistir en que la ley respectiva sea realmente firme al respecto.

 

Wayka.pe, 17.11.2018