Magistrados facilitan despojos

Raúl Wiener

En el año 2005, los hermanos Bettina y Ralph Lange, propietarios de dos lotes de terrenos contiguos, que hacen esquina entre la Av. Caminos del Inca y la Calle Mariel, en Surco, no recibieron los talonarios para el pago de los impuestos prediales y, extrañados, decidieron acercarse a Registros Públicos de Lima, donde se encontraron que ambos terrenos ya no les pertenecían.

Lo que decía en la ficha de registro del primer lote era que se había producido una operación de compra venta a un señor árabe Abdul Mohamed Al Sabath, que habría pagado la suma de 120 mil dólares.

La supuesta operación de la que los hermanos Lange no habían tenido noticia, tenía fecha 28 de octubre de 2004, según escritura pública del notario Juan Balbín Guadalupe, de la ciudad de La Oroya, adonde se habría movilizado el ciudadano árabe, cuya existencia nunca pudo ser probada.

En el mismo notario y en la misma ciudad, a 180 kilómetros de la ciudad de Lima, el fantasmal árabe Al Sabath, volvió a firmar otra escritura del 12 de noviembre del 2014 (a quince días de la anterior), revendiendo su reciente “propiedad” en 80 mil dólares (40 mil menos del precio al que se dice fue comprada), a favor de Yahaira Muñoz de Corcino, quien realmente existe y está involucrada en otros negocios de la red Orellana.

CIERRAN LA JUGADA

Pero ahí no acababa la movida, porque, según escritura del 4 de febrero del 2005, hecha en Lima por el notario Selmo Iván Carcausto Tapia, la tal Yahaira volvía a “vender” los predios, esta vez a 38,800 dólares, como si le gustara perder plata, a una sueca de nombre Adina Gergely Vásquez Ríos, la cual otorgó poder a su esposo Mario Gastón Vásquez Ríos, quien firma los documentos.

En el segundo lote se repite todo el esquema y se tasa la propiedad final en 28,800 dólares (a razón de 100 dólares por metro cuadrado ¡en Surco!) y el representante para el negocio resultó siendo el abogado de Vásquez Ríos, Juan Carlos Vera Abregú.

Las contradicciones y el hilo mafioso que une lo ocurrido a los hermanos Lange, saltan a la vista: (a) nunca se ubicó al primer comprador, (b) se hicieron dos ventas en tiempo récord en La Oroya, (c) los precios de transacción fueron bajando según los documentos, (d) el valor de mercado (diez veces más alto en la zona) no existió nunca, (e) lo más curioso y evidente, el nombre de los Vásquez Ríos y el abogado Vera Abregú, aparecen en otro caso de despojo, en este caso de una propiedad estatal de 4 mil metros cuadrados en Surco en el 2013, igualmente como “compradores finales”, evidenciando una conexión de ambos procesos.

EL MAGISTRADO ORDÓÑEZ

Pero hay mucho más que ver en esta historia de falsificaciones. El proceso sobre los terrenos del Estado, fue resuelto a favor de Julio Vásquez Ríos (hermano de Mario) y de su abogado Juan Carlos Vera Abregú, a partir de una sentencia elaborada por el actual presidente de la Corte de Lima, Oswaldo Ordóñez, en calidad de ponente.

Ordóñez dice en la sentencia que, si bien hay una estafa evidente en las primeras etapas (en ese caso la “compradora” era una persona fallecida), se debe presumir que los siguientes compradores lo hacen de “buena fe” y han generado un “derecho”.

Diario UNO, 23.04.2015