Sobre ciertas movidas mercantilistas que perjudican los derechos de los pacientes.
Herberth Cuba Garcia
Nuevamente el tema de los medicamentos vuelve a las primeras planas. La llamada reforma de salud casi ha desaparecido los medicamentos de los anaqueles de las farmacias públicas, dejando así sin tratamiento a cientos de miles de pacientes. Las “compras conjuntas entre las diversas instituciones estatales” no han logrado poner los medicamentos en el punto de entrega al paciente. La reforma refleja la anarquía sanitaria que atraviesa nuestro país.
Sin embargo, los titulares de la prensa ignoran este drama ciudadano y destacan dos aspectos esenciales para una economía social de mercado: la propiedad intelectual y el rol del Indecopi, planteando un falso dilema: la patente o la salud, que es justificado con la frase “los derechos de propiedad intelectual no deben afectar negativamente a los usuarios.”
En relación a Indecopi, se afirma que no es un ente especializado en medicamentos, que no tiene capacidad para proteger los intereses de los pacientes y, por último, que otorga derechos de propiedad intelectual que no innovan ni tienen “altura inventiva”, es decir que se otorga derechos de propiedad intelectual o patentes “bambas”.
La hoja de ruta para esta propuesta es presentarle al presidente de la república una petición (“exigencia ciudadana”) para que, mediante Decreto Supremo, otorgue una licencia obligatoria (suspensión del derecho de la propiedad intelectual) para un fármaco que tiene derecho de propiedad intelectual vigente hasta el 2019. Los argumentos de la petición son primero “por ser de interés” y segundo porque posee una patente otorgada por el Indecopi “supuestamente bamba”. Después se exigirá que el Ministerio de Salud intervenga “técnicamente” para que el Indecopi deje de aprobar patentes de fármacos. ¿Y sobre el desabastecimiento de las farmacias públicas? La propuesta no dice nada.
Peor aún, desde que se promulgó la Ley 29459 de medicamentos (2009) hasta ahora, el Minsa no ha aprobado las directivas para los medicamentos biológicos (biotecnológicos innovadores de referencia) y biosimilares (imitadores de los innovadores o de referencia). No hay una directiva clara que precise qué es un medicamento biológico o biotecnológico y qué es un biosimilar, ni cuáles son la reglas del mercado para que tengan seguridad, eficacia y calidad, y así satisfacer las necesidades y derechos de los usuarios.
Luego de una enorme presión de los pacientes y de las empresas que ofertan productos farmacéuticos de calidad y son perjudicadas por los biosimilares “bamba”, el Minsa ha prepublicado en su portal web dos borradores de directivas para recibir la opinión ciudadana durante 180 días y aprobarlas luego ajustar la redacción. ¿Después de seis años de desregulación todavía se toman seis meses para escuchar y probablemente seis más para promulgar? Y además, según el borrador, las empresas que comercializan biosimilares tendrán cuatro años para adecuarse y acatar las directivas. No se dice cuál será el comportamiento de las empresas que ya iniciaron el trámite: ¿comercializarán o no?. Increíble pero cierto. La estrategia es demorar y permitir así que ingresen biosimilares sin acreditar calidad, que se violen derechos de propiedad intelectual y que no exista ningún control. Al tacho con los derechos de los pacientes que necesitan calidad, seguridad y eficacia en los fármacos.
¿Qué hace que el Minsa sea expeditivo en elaborar una norma que elude la propiedad intelectual y actúe con renuencia y dejadez para elaborar otra necesaria para los pacientes? El mercantilismo. No interesa que el Decreto Supremo distorsione la facultad para otorgar licencias obligatorias. Tampoco interesa que las farmacias públicas estén desabastecidas. Sólo interesa favorecer a grupos empresariales amigos.
Tampoco importa que el director general de Digemid, máxima autoridad en medicamentos, haya sido quien solicitó y a quien se le adjudicó el Registro Sanitario (permiso de comercialización) del medicamento a la espera del vencimiento de la patente. Es decir, si el presidente promulga el polémico DS de licencia obligatoria favorecerá a la empresa que el director general representó.
El Minsa tiene abiertos los canales legales para intervenir en todas las etapas del procedimiento de concesión de patentes. Si ha sido negligente y no lo ha hecho, no puede ahora pedir al presidente una intervención política bajo el “argumento técnico”. El Premier debe intervenir y rechazar la reaparición del mercantilismo.
10 de abril del 2015
