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Ahora que Obama, Clinton y McCain han planteado un impuesto a las enormes sobreganancias de las empresas petroleras en EE. UU. ya no queda duda de que la demanda nada tiene que ver con "extremistas antisistema". Ese era el argumento de la derecha económica y política, así como de la cúpula del partido aprista (después de las elecciones del 2006, porque durante la campaña sí plantearon el referido impuesto).
El fundamento es muy claro: los precios del petróleo y de los minerales han subido tanto que es indispensable que el Estado capte un determinado porcentaje de la renta petrolera y minera, adicional al que se recauda por impuesto a la renta (IR) y regalías. Algunos dicen que eso no debe ser, porque con el aumento del IR y regalías, el Estado también recauda más y capta la sobreganancia.
Veamos por qué esto no es válido. Supongamos que, con precios "normales", una empresa petrolera o minera tiene una utilidad antes de impuestos de US$ 1,000 millones y paga el 30% de IR, con lo que el Estado recauda US$ 300 millones. Supongamos ahora que, con precios extraordinariamente altos, la utilidad antes de impuestos sube a US$ 5,000 millones, con lo que el Estado recauda US$ 1,500 millones. Cierto, el Estado ha recaudado 5 veces más y también la empresa, cuya Utilidad Neta aumenta de US$ 700 a 3,500 millones.
Aquí entra el factor clave: la expectativa de rentabilidad de la empresa, es decir, en cuánto tiempo prevé recuperar su inversión y generar utilidades en la vida del proyecto. La tasa interna de retorno (TIR) de la inversión petrolera o minera normalmente está entre 15 y 20%.
Veamos un ejemplo concreto, Antamina (*). En 1999, el estudio de factibilidad determinó que el proyecto era viable si la TIR superaba el 15.5% (Antamina Project Update, Mayo 2000), la cual se alcanzaría si el precio promedio del cobre para los 20 años de vida útil de la mina era de US$ 0.95/libra. Si el precio era menor (siempre para toda la vida útil), digamos US$ 0.80/libra, entonces la TIR bajaba a 11% y no cubría las expectativas de rentabilidad. Pero cualquier precio por encima de US$ 0.95/libra, sí la cubría.
Pues bien, los precios del cobre en el 2004, 2005, 2006 y 2007 han sido US$ 1.3, 1.67, 3.05 y 3.22/libra. Y en el 2008, el precio supera al del 2007. Así, solo con las utilidades del 2005 y del 2006 (US$ 862 y 1,628 millones) la empresa ha recuperado el íntegro de la inversión realizada de US$ 2,200 millones, a lo que se suman las Utilidades del 2007 (US$ 1,620 millones) y las futuras. Su TIR supera el 150%.
Este exceso de rentabilidad —o sobreganancia— debe ser compartido con el Estado porque proviene de un recurso natural, propiedad de la Nación. Eso es lo que le da sustento (la sobreganancia no se aplica en el sector industrial). Este cálculo de la rentabilidad es previsto por los Estados en muchos países del mundo y se incorpora a los contratos, bajo diferentes formas: regalía e impuesto a la renta progresivos (aumentan con el precio del petróleo y los minerales); participación accionaria del Estado en la empresa minera o petrolera, con lo cual recibe, como dividendos, el porcentaje que le corresponde de las utilidades extraordinarias.
Pero aquí el gobierno no quiere considerar esas modalidades, ni siquiera para las inversiones futuras en minería y petróleo, pues se mantienen inalterados los términos contractuales establecidos bajo Fujimori.
Así, el Estado deja de captar ingresos tributarios que se pueden destinar a programas sociales e infraestructura, al Fondo de Estabilización Fiscal para la época de las vacas flacas o, incluso, a prepagar deuda externa, si así se decide. Se ha optado por aceptar una miserable "contribución voluntaria" (óbolo) que algunas empresas ni siquiera pagan. Esto es inaceptable. El Estado tiene derecho de participar en las sobreganancias petroleras y mineras, lo que saben muy bien Obama, Clinton y McCain.
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(*) Ver www.cristaldemira.com, "Expectativas de rentabilidad y sobreganancias mineras", 6/7/2007).
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