CCL espera revisión tributaria más racional y equitativa
La Cámara de Comercio de Lima destacó las recientes declaraciones del viceministro de Economía, quien busca evaluar la racionalidad de los impuestos sin que ello signifique crear nuevos tributos o aumentar las tasas existentes.
El gremio empresarial subrayó el ofrecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de revisar el sistema impositivo con la oportuna consulta a los gremios empresariales, que tienen mucho que aportar y sugerir sobre el tema.
“Contamos ya con 20 propuestas concretas, unas a corto y otras a mediano plazo, que requieren de ley del Congreso para lograr que el sistema tributario sea más justo, equitativo, simple, predecible y que otorgue seguridad jurídica a los empresarios e inversionistas. Estos son pilares fundamentales para crear más empresas y generar empleo productivo que permanente reclama la población”, puntualiza la CCL.
Un punto importante —según la CCL— que se debe tomar en cuenta en esta revisión es la no eliminación el drawback, porque es un mecanismo que permite el reintegro de los impuestos indirectos que pagaron los exportadores y ésta es una herramienta válida permitida por la OMC, por lo tanto, no se trata de un subsidio.
En cuanto al Impuesto a la Renta (en particular sobre ganancias de capital), la CCL señala que es necesario primero publicar los reglamentos pendientes, porque estamos a tres meses de que las nuevas disposiciones entre en vigencia y aún no se publican los mismos. De tal modo que no es positivo cambiar las reglas de juego.
Es más, la CCL propone que no se hagan aún los cambios al impuesto a la renta que deben entrar en vigencia en enero de 2009, sino que se postergue su aplicación por un año, pues las condiciones y ambiente empresarial a nivel mundial no permiten que el empresario peruano asimile nuevas normas y cambios, cuando debe estar concentrado en como paliar la crisis financiera que tocará al Perú de todas maneras. Peor aún, cuando no salen los reglamentos a los cambios.
Principios tributarios
En opinión de la CCL, se debe contar con un sistema impositivo que respete los principios constitucionales rectores de la tributación, como la legalidad, equidad, la no confiscatoriedad y que asegure el respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes.
Están de acuerdo con revisar las 1,500 formalidades impuestas a los contribuyentes en la última década, cuya omisión o incumplimiento acarrea la pérdida del derecho a deducir gasto o crédito fiscal, afectándose de esta forma, el patrimonio de los contribuyentes no obstante haberse satisfecho totalmente la prestación tributaria.
En ese sentido, también sería oportuno, revisar los actuales sistemas de pagos adelantados, en especial, las percepciones, retenciones y detracciones del IGV, que desde el 2002 generan pagos anticipados que no se compensan ni devuelven oportunamente, con lo cual, en la práctica, se afecta el capital de trabajo del contribuyente, restándole competitividad.
Procedimientos de reclamación
Otro aspecto fundamental, según el gremio empresarial, es la revisión de los actuales procedimientos de reclamación tributaria, donde la SUNAT resuelve sus resoluciones actuando como juez y parte.
Para poner fin al engorroso procedimiento de reclamación tributaria, que demora entre 4 y 5 años, se debe reestructurar el procedimiento contencioso tributario.
Según el Código Tributario, elaborado por los funcionaros de la Administración Tributaria, la SUNAT goza de facultades discrecionales para administrar, recaudar, fiscalizar, sancionar a los contribuyentes y adicionalmente, “resolver” en primera instancia las impugnaciones de sus propias resoluciones; es decir, la Sunat resuelve siendo “parte interesada”.
En este caso, la propuesta de la CCL se orienta a reestructurar la composición y funcionamiento del Tribunal Fiscal y de la SUNAT, para que esta última se encargue de administrar, fiscalizar y sancionar a los que no declaran ni pagan los tributos de ley, pero que los reclamos administrativos los resuelva una primera instancia del Tribunal Fiscal, entidad que a la vez debe tener una segunda instancia que resuelva en vía de apelación.
Así, la SUNAT, en lugar de resolver expedientes como “parte interesada”, debería destinar sus esfuerzos a su labor principal, esto es, fiscalizar y sancionar a los evasores e incumplidores, ampliando así la base de contribuyentes, combatir la informalidad y mejorar la recaudación fiscal.
“Contamos ya con 20 propuestas concretas, unas a corto y otras a mediano plazo, que requieren de ley del Congreso para lograr que el sistema tributario sea más justo, equitativo, simple, predecible y que otorgue seguridad jurídica a los empresarios e inversionistas. Estos son pilares fundamentales para crear más empresas y generar empleo productivo que permanente reclama la población”, puntualiza la CCL.
Un punto importante —según la CCL— que se debe tomar en cuenta en esta revisión es la no eliminación el drawback, porque es un mecanismo que permite el reintegro de los impuestos indirectos que pagaron los exportadores y ésta es una herramienta válida permitida por la OMC, por lo tanto, no se trata de un subsidio.
En cuanto al Impuesto a la Renta (en particular sobre ganancias de capital), la CCL señala que es necesario primero publicar los reglamentos pendientes, porque estamos a tres meses de que las nuevas disposiciones entre en vigencia y aún no se publican los mismos. De tal modo que no es positivo cambiar las reglas de juego.
Es más, la CCL propone que no se hagan aún los cambios al impuesto a la renta que deben entrar en vigencia en enero de 2009, sino que se postergue su aplicación por un año, pues las condiciones y ambiente empresarial a nivel mundial no permiten que el empresario peruano asimile nuevas normas y cambios, cuando debe estar concentrado en como paliar la crisis financiera que tocará al Perú de todas maneras. Peor aún, cuando no salen los reglamentos a los cambios.
Principios tributarios
En opinión de la CCL, se debe contar con un sistema impositivo que respete los principios constitucionales rectores de la tributación, como la legalidad, equidad, la no confiscatoriedad y que asegure el respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes.
Están de acuerdo con revisar las 1,500 formalidades impuestas a los contribuyentes en la última década, cuya omisión o incumplimiento acarrea la pérdida del derecho a deducir gasto o crédito fiscal, afectándose de esta forma, el patrimonio de los contribuyentes no obstante haberse satisfecho totalmente la prestación tributaria.
En ese sentido, también sería oportuno, revisar los actuales sistemas de pagos adelantados, en especial, las percepciones, retenciones y detracciones del IGV, que desde el 2002 generan pagos anticipados que no se compensan ni devuelven oportunamente, con lo cual, en la práctica, se afecta el capital de trabajo del contribuyente, restándole competitividad.
Procedimientos de reclamación
Otro aspecto fundamental, según el gremio empresarial, es la revisión de los actuales procedimientos de reclamación tributaria, donde la SUNAT resuelve sus resoluciones actuando como juez y parte.
Para poner fin al engorroso procedimiento de reclamación tributaria, que demora entre 4 y 5 años, se debe reestructurar el procedimiento contencioso tributario.
Según el Código Tributario, elaborado por los funcionaros de la Administración Tributaria, la SUNAT goza de facultades discrecionales para administrar, recaudar, fiscalizar, sancionar a los contribuyentes y adicionalmente, “resolver” en primera instancia las impugnaciones de sus propias resoluciones; es decir, la Sunat resuelve siendo “parte interesada”.
En este caso, la propuesta de la CCL se orienta a reestructurar la composición y funcionamiento del Tribunal Fiscal y de la SUNAT, para que esta última se encargue de administrar, fiscalizar y sancionar a los que no declaran ni pagan los tributos de ley, pero que los reclamos administrativos los resuelva una primera instancia del Tribunal Fiscal, entidad que a la vez debe tener una segunda instancia que resuelva en vía de apelación.
Así, la SUNAT, en lugar de resolver expedientes como “parte interesada”, debería destinar sus esfuerzos a su labor principal, esto es, fiscalizar y sancionar a los evasores e incumplidores, ampliando así la base de contribuyentes, combatir la informalidad y mejorar la recaudación fiscal.
